De como el victorioso general Donaire tomó a Toro de la cabezota y se subió a "mucha plata" su brioso corcel, al grito de ¡So Silver!

El escándalo de los generales gasolineros reventó a fines de 2006, hace poco más de nueve años, ...la principal víctima era el propio Ejército y cuyo principal responsable era entonces su comandante general, César Reinoso, con la complicidad de otros miembros del Alto Mando, entre quienes estaba Edwin Donayre ...Eran los primeros meses del gobierno de Alan García. El ministro de Defensa era Allan Wagner, una persona honorable que reaccionó ante la evidencia como correspondía. ...Wagner quiso cambiar a todo el Alto Mando por generales libres de corrupción, pero García impuso el nombramiento de Donayre... Al final, García sacó a Wagner (aunque con buenas maneras) de Defensa. Donayre sacó a Vargas Vaca de la Inspectoría. Y el procurador Gino Ríos Patio, nombrado por García, demandó a la fiscal anti corrupción Berrú que deje el caso. 
    Pasaron los años y el caso de los generales gasolineros no murió sino se mantuvo en latencia... La pregunta es, sí César Acuña es considerado la némesis de Alan García. Entonces, ¿qué hace ahí Donayre, amigo cercano y aliado de García, a cuya protección él y otros gasolineros deben la impunidad lograda hasta hoy?

"Es que quizá los caminos de la plata llega sola y la plata como cancha, no anden tan lejanos el uno del otro. Ya se vio, en el caso del sabotaje a la investigación gasolinera cómo actúan las redes transversales de encubrimiento"

Por Gustavo Gorriti.- (*)

Una de las imágenes más célebres de Napoleón Bonaparte es la del cuadro de Jacques-Louis David, la idealizada representación ecuestre del Gran Corso durante el cruce de los Alpes por el Paso de San Bernardo, en ruta a la victoriosa batalla de Marengo. Capa al viento, sereno sobre el brioso corcel encabritado, el general de treinta años señala la ruta hacia Italia y la gloria.

Aquí en el Perú, cuando Edwin Donayre fue comandante general del Ejército, bajo el gobierno de Alan García, uno encontraba, al entrar a su oficina, en el lado derecho, un cuadro similar de cruce ecuestre de montañas, solo que el pintor desmontó a Bonaparte y sentó a Donayre sobre el brioso caballo.

Cuando Donayre dejó la jefatura del Ejército la obra siguió a su modelo y desapareció con discreta rapidez.

Ahora, el folclórico general es líder importante de APP, el partido que encabeza César Acuña como candidato a la presidencia de la República.

A la vez, quienes siguen las noticias judiciales saben que Donayre es también uno de los principales acusados en uno de los mayores casos de corrupción militaren el Perú post-Fujimori: el de los generales gasolineros y su cutra de alto octanaje.

El caso no es broma; y lo que demuestra su larguísima duración es cómo los corruptos pueden frenar y hasta neutralizar las investigaciones más contundentes, la evidencia más demoledora a través de una pantanosa guerra de desgaste mediante la acción de redes trasversales de cómplices, que se encargan de sabotear las investigaciones, de alargar los procesos para que las pruebas se sequen, los escándalos se olviden y los investigadores honestos no dejen de pagar el precio por haber cumplido con su deber.

El escándalo de los generales gasolineros reventó a fines de 2006, hace poco más de nueve años, en un artículo que publiqué en Caretas 1953 del 30 noviembre. Ahí relaté la maniobra con la que el alto mando del Ejército –entonces bajo la jefatura del general EP César Reinoso– había engañado a los auditores de la Contraloría que investigaban el robo de gasolina en la institución: Por lo menos seis Comandcar habían sido llevados de la 18º Brigada Blindada del Batallón de Tanques Nº 232, del Rímac, a la Brigada de Fuerzas Especiales, en Las Palmas. Al llegar ahí, las placas de seis vehículos fueron cambiadas por las de otros, inutilizados, de la BriFE. El propósito fue hacer ver que esos carros estaban en pleno funcionamiento, quemando la gasolina que de otro modo no se podía justificar haber usado.

Apenas terminó la revisión de los auditores de la Contraloría, los vehículos, retornaron al Rímac, donde un suboficial los repintó nuevamente.

Pese a su reveladora contundencia, ese cambiazo era apenas una anécdota menor dentro de un gigantesco proceso de robo cuya principal víctima era el propio Ejército y cuyo principal responsable era entonces su comandante general, César Reinoso, con la complicidad de otros miembros del Alto Mando, entre quienes estaba Edwin Donayre. Como escribí entonces: “El entrenamiento, la alimentación, el bienestar, la seguridad misma de oficiales y soldados es depredada por las camarillas de corruptos que utilizan la disciplina, la verticalidad y el nombre de la seguridad nacional como escudo para enriquecerse”.

Eran los primeros meses del gobierno de Alan García. El ministro de Defensa era Allan Wagner, una persona honorable que reaccionó ante la evidencia como correspondía: A la vez que ordenaba una investigación propia, demandó un informe pronto y claro a Reinoso. Luego de recibirlo, Wagner le comunicó en términos cortantes que no estaba satisfecho con la respuesta y lo conminó a explicarse bien en un término perentorio. Reinoso no tuvo otro remedio que renunciar.

Wagner quiso cambiar a todo el Alto Mando por generales libres de corrupción, pero García impuso el nombramiento de Donayre y Wagner hubo de contentarse con promover a esos generales a posiciones expectantes, la más importante de las cuales en ese momento fue el nombramiento del general EP Francisco Vargas Vaca como inspector general del Ejército.

Con el decidido impulso de Wagner, la investigación se desarrolló en varios frentes a la vez: la Contraloría – bajo la dirección de Genaro Matute – amplió rápidamente la investigación a las regiones; el Ministerio Público intervino en el caso a través de una enérgica fiscal anticorrupción: Marlene Berrú, quien llevó también su propia investigación a provincias, especialmente a Arequipa, donde Donayre había sido hasta hace poco jefe de Región. Ahí encontró evidencias claras de robo masivo y fraude para ocultarlo.

A la vez, el inspector general del Ejército, Vargas Vaca, investigó en otras regiones y demostró sin dificultad otros grandes casos de robo, especialmente con los combustibles.

Todas las investigaciones confluyeron en describir, desde diversos ángulos, un solo cuadro: el Ejército había sido tomado por una camarilla dedicada a parasitar su propia institución, a robarla sistemáticamente con gasolina fantasma, con soldados fantasmas, con comida fantasma. A pesar de la memoria todavía fresca de las expoliaciones y latrocinios de los Hermoza, Saucedo, Villanueva Ruesta y otros; el Ejército estaba en manos de una nueva generación de cleptócratas.

Con la revelación múltiple y probada de los hechos se podía llevar a cabo una limpieza rápida y ejemplar seguida en corto tiempo por una reforma dirigida a obtener un Ejército limpio y eficaz.

Entonces empezó la contraofensiva. García sacó a Wagner (aunque con buenas maneras) de Defensa. Donayre sacó a Vargas Vaca de la Inspectoría. Y el procurador Gino Ríos Patio, nombrado por García, demandó a la fiscal Berrú que deje el caso. A su turno, Genaro Matute culminó su gestión en la Contraloría y tuvo el deprimente reemplazo de Fouad Khoury.

Berrú resistió; y entonces el ataque conjunto de Ríos Patio, Donayre, Reinoso y otros generales gasolineros se centró en ella. Cuando, pese a la colaboración de fiscales corruptos, no pudieron doblegarla, la entonces fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, la separó del cargo de fiscal anticorrupción. Ahí tanto esa como otras investigaciones que el gobierno de García quiso anular, quedaron paralizadas.

Pasaron los años y el caso de los generales gasolineros no murió sino se mantuvo en latencia. Luego, Donayre entró de lleno a la “política” en el equipo de César Acuña, a quien se considera la némesis de Alan García. Entonces, ¿qué hace ahí Donayre, amigo cercano y aliado de García, a cuya protección él y otros gasolineros deben la impunidad lograda hasta hoy?

Es que quizá los caminos de la plata llega sola y la plata como cancha, no anden tan lejanos el uno del otro. Ya se vio, en el caso del sabotaje a la investigación gasolinera cómo actúan las redes transversales de encubrimiento.

El caso, sin embargo, finalmente despertó. En octubre del año pasado la Segunda Sala Penal Liquidadora Transitoria de Lima, presidida por el magistrado Aldo Figueroa, abrió el juicio oral sobre el caso a Reinoso, Donayre y otros 41 implicados. La fiscal superior Escarleth Laura está a cargo de la acusación. Así que para Donayre es campaña por un lado y banquillo por el otro.

Me pregunto qué dirán algunos de sus compañeros de partido que en un pasado no tan lejano asociaron sus nombres a la lucha anticorrupción: ¿Anel? ¿Pastor Lay?

Mientras ambos despiertan, o deciden permanecer amodorrados, quizá Donayre pueda distraerse intercambiando anécdotas napoleónicas con un conocedor del tema: Luis Favre, quien necesitará algo más que el sol de Austerlitz para intentar repetir la faena de 2011 con el monumental arroz con mango que tiene ante sí.

Artículo de Gustavo Gorriti: "Cutra de alto octanaje", publicado por

, enero 15 de 2016

Elecciones Perú 2016, un apoteósico homenaje al al marxismo de Groucho Marx: “Estos son mis principios, y si no le gustan… tengo otros”

Democracia pragmática a la peruana: un carnaval farandulero donde los moralizadores se alían con los inmorales, los defensores de los derechos humanos se coluden con acusados de delitos de lesa humanidad, los combatientes contra la corrupción fujimorista son aupados al carro de Keiko Fujimori. ¿Alguien se acuerda los nombres que ha adoptado el fujimorismo?) Simple y llano  transfuguismo y una ambición de poder que hacen que la lealtad a las organizaciones partidarias sean un lujo que los políticos no pueden permitirse: la ausencia de instituciones fuertes y de partidos políticos.
Democracia no solo son las estrategias de los políticos (pragmáticas, inteligentes, o miserables) para sobrevivir, sino una dimensión ideal, ética: la promesa de un orden superior, al que nunca se llegará pero es imprescindible como faro que marca el rumbo correcto. Una dimensión tonta que los pragmáticos desprecian y junto al desinterés del grueso de los analistas sobre este tema, se adscribe al paquete “escándalos públicos”, tan ilustrativo del ambiente político que se vive en el Perú al iniciarse un año electoral crucial.

Escribe:
Nelson Manrique

El análisis y la práctica política en el Perú hoy parecen estar encuadrados entre dos parámetros fundamentales: el desencanto y el pragmatismo.

Las razones del desencanto son evidentes. Por una parte, existe el sentimiento de que no hay nada nuevo en lo que prometen los candidatos que ocupan los primeros lugares en las encuestas. En un apretado resumen, más de lo mismo: piloto automático y hacer más ricos a los ricos, esperando que algo chorree para los pobres, una promesa hoy aceptada con una ceja alzada, porque la caída de los precios internacionales de las materias primas que exportamos y el frenazo de la economía china hacen evidente para cualquier persona medianamente informada que el ciclo de expansión ha terminado y se va a contraer (se está contrayendo) drásticamente la parte de la riqueza utilizable para redistribuir. En estos días se ha hecho público que el precio del cobre, que representa aproximadamente la tercera parte de nuestras exportaciones tradicionales, ha caído en 25% el 2015, continuando la evolución negativa registrada durante los últimos años.

Agrava el desencanto el observar el carnaval farandulero en que se ha convertido la escena política peruana en estas últimas semanas. Alrededor de 20 candidaturas; fugas, deserciones, travestismo, transfuguismo; lanzamiento por la borda de trayectorias de toda una vida para terminar exhibiéndose abrazados con quienes hasta ayer constituían la encarnación de todo lo malo que había que combatir. Moralizadores aliados con los inmorales, defensores de los derechos humanos coludidos con acusados de delitos de lesa humanidad, combatientes contra la corrupción fujimorista aupados al carro de Keiko Fujimori. Un apoteósico homenaje al marxismo de Groucho Marx: “Estos son mis principios, y si no le gustan… tengo otros”.

El pragmatismo analítico es una consecuencia de asumir la realidad “tal cual es”, a secas. Así, las explicaciones del transfuguismo se centran en dos males del sistema político peruano actual que hacen que la lealtad a las organizaciones partidarias sean un lujo que los políticos no pueden permitirse. En el Perú no existen instituciones fuertes y no hay partidos. Por lo tanto, entre elección y elección, para sobrevivir, un político tiene que migrar continuamente de un club electoral a otro. En una reciente columna Steven Levitsky ha ilustrado con cifras la amplia extensión del fenómeno, que atraviesa todo el sistema político peruano, desde las candidaturas presidenciales hasta las municipales. Levitsky recuerda que todo político es movido por la ambición de poder. Ahí donde hay instituciones fuertes y un sistema de partidos sólido (como en el primer mundo) los políticos pueden satisfacer esa ambición permaneciendo leales a una misma organización por décadas. Pero ahí donde los partidos no existen, o son apenas simples logos que se cambian de elección en elección (¿alguien se acuerda los nombres que ha adoptado el fujimorismo?), que desaparecen con la misma facilidad con que aparecen, para sobrevivir un político tiene que moverse continuamente, migrando en cada elección a la organización que le permita ser reelegido, y así, asegurar su existencia misma como político.

Una consecuencia lamentable, pero inevitable desde esta entrada, es que el transfuguismo pasa a constituirse en un componente permanente, estructural, de la acción política. En tanto su causa es la ausencia de partidos políticos fuertes, y nadie se atreve a sostener que estamos siquiera en camino de que alguna vez estos existan, el transfuguismo pasa a ser un componente necesario, normal, que posiblemente ocupará el lugar de la carrera política partidaria, las asambleas, convenciones congresos, el debate ideológico, la construcción de plataformas y programas partidarios, etc. Tal es el escenario que nos promete una democracia pragmática a la peruana.

¿Es así? A este análisis le falta una dimensión normativa. La realidad no es solo lo que es sino la posibilidad, que existe en potencia, de ser algo diferente. Giovanni Sartori, a quien creo que todos los politólogos escuchan, recuerda que la democracia no solo son las estrategias de los políticos (pragmáticas, inteligentes, o miserables) para sobrevivir sino una dimensión ideal, ética: la promesa de un orden superior, al que nunca se llegará pero es imprescindible como faro que marca el rumbo correcto. Una dimensión imprescindible, para hablar de democracia.

En resumen, es imprescindible incorporar la ética en el análisis; esa dimensión tonta que los pragmáticos desprecian. El desinterés del grueso de los analistas sobre este tema, a cual gruesamente se adscribe al paquete “escándalos públicos”, es ilustrativo del ambiente político que se vive en el Perú al iniciarse un año electoral crucial.

Nelson Manrique

"Política y pragmatismo",

 La República, enero 5 de 2016

La fusión APRA-PPC ¿La hipótesis del "Little Bang" de los partidos?

A 4.99% de la extinción total. En el mundo animal es fácil saber quién es el más grande y quién el más pequeño. En la política, no.
Atravesando su peor crisis de liderazgo, con su cúpula enfrentada en público con calificativos que van más allá de la contienda natural, el PPC, minimizado electoralmente, se va de la mano de un líder a quien investigó y acusó constitucionalmente por ladrón. Enriquecimiento ilícito fue la acusación de Lourdes Flores a Alan García en 1991. ¿Prescribe acaso la moral?
¿Fue el PPC el partido más grande del Perú? No. Pero conoció momentos de enorme grandeza, cosa que otras fuerzas políticas jamás tuvieron. Hoy, ¿sus 50 años de historia serán tirados a la basura?

Escribe:
Rosa María Palacios

En la naturaleza, el animal más grande se come al más chiquito para poder sobrevivir. Así funciona la cadena alimenticia y así funciona la política. Sin embargo, en el mundo animal es fácil saber quién es el más grande y quién el más pequeño. En la política, no.

¿Quién es más grande? ¿El partido que llega más veces al poder o permanece más tiempo en él y saquea –o permite el saqueo– del fisco? ¿O el partido que jamás llega al poder, pero que tiene un porcentaje de votos sólidos, que aprecian la formación de sus cuadros y la honradez de sus líderes? Dependerá de lo que se entienda por grandeza, ¿verdad?

Mientras esto escribo, sábado [13], no se ha cerrado aún el plazo para inscribir alianzas electorales. Eso sucederá en unas horas. No se confirma aún la alianza del Apra con dos partidos que llevará de socios: El PPC y Vamos Perú. Sin embargo, el mismo Alan García anunció que las conversaciones estaban ya muy avanzadas. Parece un hecho consumado.

Si no hay un milagro, el PPC será aliado del Apra el 2016. Atravesando su peor crisis de liderazgo, con su cúpula enfrentada en público con calificativos que van más allá de la contienda natural, el PPC, minimizado electoralmente, se va de la mano de un líder a quien investigó y acusó constitucionalmente por ladrón. Porque esa fue la acusación de Lourdes Flores a Alan García en 1991: Enriquecimiento ilícito. ¿Prescribe acaso la moral?

Luego de estas elecciones, en el supuesto de que García saque más del 5%, ambos partidos habrán salvado la inscripción. ¿Para qué? ¿Para ser gobierno? Dudosa apuesta. ¿Para tener una gran bancada parlamentaria? Más dudosa aún. Porque si lo que era inmoral, ya no es inmoral, entonces los votos del PPC se irán a Fujimori, a Acuña o a PPK. ¿Si todo es lo mismo? Mejor votar por el animal más grandote. Y ese, hoy, no es García.

¿Con qué cara Lourdes Flores va a criticar al fujimorismo si entre sus nuevos socios está Alex Kouri, el hombre al que tan cercanamente como el 2010, presentó como la antítesis de la honradez que ella representaba como candidata a la alcaldía de Lima? La política entendida como un “Vale Todo” puede ser la política que rige en una organización chalaca como Vamos Perú, o la política del Apra de García, donde no hay doctrina, ni principio y todo cambia según se mueva el viento. Pero ese no era el PPC.

El PPC fue, en momentos críticos, un faro jurídico que orientó al país en medio de la tormenta. En la dictadura militar, en la Constituyente de 1978, en el retorno a la democracia, en la lucha contra la estatización de la banca de García, en el golpe de Fujimori (con los dos presidentes de Cámaras pepecistas encarcelados en sus casas), en la defensa de los magistrados del TC defenestrados por Fujimori, en las calles el 2000 y 2001, en el apoyo al gobierno de transición, en la lucha por generar consensos nacionales. Hasta para salvar Lima de una revocatoria absurda. Ahí estuvo el PPC. Siempre del lado correcto en las grandes causas ¿Fue el partido más grande del Perú? No. Pero conoció momentos de enorme grandeza, cosa que otras fuerzas políticas jamás tuvieron. Hoy, ¿sus 50 años de historia serán tirados a la basura?

El PPC también conoció profundas humillaciones infligidas por Alan García. “La candidata de los ricos” llamó a Lourdes Flores. ¿Y ahora quiere ser socio de ella? Después de demolerla con mentiras, bajezas e infamias, como hace con cuanta mujer asoma la cabeza a la lucha presidencial. Y ella, ¿quiere ser socia del hombre que conmutó penas a más de 3,000 narcotraficantes? Un hombre, ella lo sabe porque lo ha sufrido, mentiroso, malvado y manipulador, para el cual “el fin justifica los medios” en abierta disonancia con la doctrina social de la iglesia que ella decía adscribir.

“En política no se puede ser ingenuo”, dijo Alan García justificando su mentira electoral en 1988 cuando pretendió estatizar la banca. Que lo recuerden los pepecistas.

La pequeñez comiéndose a la grandeza. Qué tristeza.

Rosa María Palacios

"Grandeza y pequeñez", publicado por

 La República, diciembre 13 de 2015.

¿Por qué los políticos que encabezan las encuestas no nos hablan de reforma? ¿Agotado ya este ciclo de crecimiento?

Instalar una lógica de cambio en el debate público es fundamental, así lo exigen la desaceleración de la economía, la inseguridad, la corrupción y la inoperancia de la mayoría de instituciones, especialmente de aquellas relacionadas a la justicia y a la transparencia pública... Pero, ¿por qué los políticos parecen congelados en en los años 2006 y 2011, persistiendo en un debate electoral sobre estabilidad/continuidad...? No se están imaginando el futuro y este sí es un asunto grave para un régimen democrático que agota un ciclo de 15 años y que debe empezar otro... Es inocultable que los discursos electorales están rehuyendo asuntos claves como la formación de un nuevo consenso alrededor del crecimiento; o qué hacer eficazmente para rebajar los índices de delito e impunidad en alza, solo por citar dos asuntos cruciales... Entretanto, un carnaval populista en el horizonte, espera muy bien reemplazar esa mala palabra en el diccionario político.

Escribe: 
Juan de la Puente
 
La próxima semana los 5 candidatos presidenciales mejor ubicados en las encuestas sobre intención de voto expondrán en CADE 2015 los avances de sus planes de gobierno. No será un debate cara a cara pero será la primera oportunidad para compulsar los contenidos de las opciones para el próximo quinquenio.

Este primer encuentro es tan inédito como el proceso electoral mismo que vivimos. El lema de CADE “El Perú necesita cambios para seguir creciendo” contrasta con la timidez de los políticos para proponerlos. Esta brecha, entre política vacilante vs instituciones que demandan transformaciones, resume un impensado cambio de roles que la crisis política está fraguando.

En las elecciones del 2006 y 2011, el mercado se situó en una posición recelosa del cambio y fueron los líderes políticos los que impulsaron el debate sobre los ajustes al llamado “modelo” y en menor medida la reforma de las instituciones. Ahora, a pesar de un proceso crítico a cuestas, son los políticos los recelosos de las reformas y estas son sugeridas desde otros lados del escenario. Por ejemplo, las propuestas de reforma electoral fueron impulsadas por los organismos electorales a la cabeza de una colación de instituciones que integran la Plataforma por la Reforma Política y Electoral, la misma que jaló a un Congreso remolón y disgustado en las 5 normas dictadas este año.

Mientras la política parece congelada en los años 2006 y 2011, persistiendo en un debate electoral sobre estabilidad/continuidad, se acrecienta la exigencia de propuestas precisas frente a la desaceleración de la economía, la inseguridad, la corrupción y la inoperancia de la mayoría de instituciones, especialmente de aquellas relacionadas a la justicia y a la transparencia pública.

Las teorías del cambio –que enfatizan en el liderazgo de los actores y en su audacia, y la capacidad para fijar estrategias que encaren las contingencias– anotan que las crisis activan un menú de ofertas que inciden en el inicio de grandes procesos de reforma, útiles sobre todo para la primera fase que los cambios implican, es decir, la transición y sus incertidumbres.

Eso no está sucediendo. Instalar una lógica de cambio en el debate público es fundamental como una condición de vigencia de la democracia en el siguiente período. Es también necesario para evitar un carnaval populista que reemplace el horizonte de las reformas, las manosee y finalmente las paralice. En menos de 4 meses, se han presentados en el Congreso 380 proyectos de ley que podrían acabar en un frenesí de decisiones que no se inscriben ciertamente en una reforma institucional. La creación masiva de distritos –nueve en una semana– y la posibilidad de que Ventanilla pase a ser provincia sin mayores estudios, en medio de la campaña electoral hacen prever un camino conocido: clientelismo en lugar de reformas.

¿Por qué los políticos que encabezan las encuestas no nos hablan de reforma? La primera explicación es que la campaña se ha iniciado. Este argumento suena a coartada. Siendo cierto el retraso en la elaboración de los planes a detalle, es inocultable que los discursos electorales están rehuyendo asuntos claves como la formación de un nuevo consenso alrededor del crecimiento, agotado ya este; o qué hacer eficazmente para rebajar los índices de delito e impunidad en alza, solo por citar dos asuntos cruciales.

Más allá de la vigilancia de las formas, que es también importante, la vigilancia de los contenidos se convierte en un desafío básico de la campaña. Los políticos no se están imaginando el futuro y este sí es un asunto grave para un régimen democrático que agota un ciclo de 15 años y que debe empezar otro. Es probable que esto también se deba a la total entrega de los líderes al marketing político, pero no es menos cierto que revela la falta de grandes ilusiones y de compromisos personales. No parece ser un asunto de pegada sino de llegada, es decir, de horizonte y perspectiva, una falta de apuesta a la Fortuna, Virtù y Gloria, a decir de Maquiavelo.

Juan de la Puente

"Agárrate del cambio, ahora",

 La República, noviembre 27 de 2015
 

El CNM necesita de instituciones fiables que designen a sus miembros: como el TC, la Defensoría del Pueblo y el BCR

No sólo políticos, jueces y fiscales tienden a desarrollar lógicas corporativas, elitistas y excluyentes en nuestro ordenamiento constitucional: también la sociedad civil con la captura de espacios participativos por minorías activas, grupos mafiosos y élites locales. Es el caso de muchos rectores de universidades públicas y privadas que lejos están de representar los intereses ciudadanos; o de colegios profesionales capturados por minorías bien organizadas que buscan llegar al CNM porque la perciben como fuente de enriquecimiento mediante prácticas corruptas. Si los colegios profesionales no funcionan bien, ¿tiene sentido insistir en su protagonismo? ¿Y en el de los rectores de las universidades?

Escribe:  
Martín Tanaka

En nuestro ordenamiento constitucional se busca cierto equilibrio entre la autonomía con la que deben contar tanto los representantes electos como otras autoridades, y la participación de la sociedad civil. Parece una buena idea: los políticos, jueces y fiscales tienden a desarrollar lógicas corporativas, elitistas y excluyentes que buscan ser contrarrestadas con diferentes mecanismos de control y participación ciudadana. Así, por ejemplo, creamos instituciones como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde cinco de sus siete miembros provienen de la sociedad civil (colegios de abogados, otros colegios profesionales, rectores de universidades privadas y públicas).

Pero así como los políticos y corporaciones como la que componen jueces y fiscales pueden desarrollar lógicas cerradas y excluyentes, también la sociedad civil. Los espacios participativos pueden ser capturados por minorías activas, por grupos mafiosos, por élites locales. Los debates recientes sobre la aplicación de la nueva ley universitaria han puesto de manifiesto que muchos rectores de universidades públicas y privadas están muy lejos de representar los intereses ciudadanos y de velar por la defensa de los intereses generales de sociedad. En el mismo sentido, los colegios profesionales no siempre representan a los egresados y graduados de las universidades, y están muy lejos de velar por el cumplimiento de altos estándares éticos, académicos y profesionales. Es más, se percibe que algunas de esas instancias han sido capturadas por minorías bien organizadas que buscan llegar al CNM porque la perciben como fuente de enriquecimiento mediante prácticas corruptas. Afortunadamente, es también la presión de otras instancias de la sociedad civil la que ha permitido contener algunas de sus muestras más escandalosas.

Pero más allá de pedir la renuncia de los actuales miembros del CNM, acaso corresponda repensar la manera en que se les elige. Y no parece ser suficiente pedir elecciones directas, universales y secretas de los representantes de los colegios profesionales. Si los colegios no funcionan bien, ¿tiene sentido insistir en su protagonismo? ¿Y en el de los rectores de las universidades?

Recientemente, la Asociación Civil Transparencia, de la que formo parte, ha sometido al debate una reforma del CNM, basada en la idea de que su conformación debería basarse en instituciones que han demostrado mejores estándares de desempeño: así, se propone una conformación donde se mantiene la presencia de un miembro designado por la Corte Suprema, pero los otros serían designados por el Tribunal Constitucional, por la Defensoría del Pueblo, por el Banco Central de Reserva, y tres miembros seleccionados en concurso público organizado por el JNE con el soporte organizativo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Por supuesto que es una propuesta perfectible, lo importante es abrir un debate más sustantivo sobre las reformas necesarias para mejorar el acceso a la justicia en el país.

Martín Tanaka

"Sociedad civil: luces y sombras" Publicado por:

La República, noviembre 15 de 2015
 

El efecto petroaudios: ¿Honor, Intimidad, Patrimonio?

¡No a la mordaza intimidatoria! Si el esperpento Velázquez prosperara: “ El que, indebidamente, difundiera la grabación de una conversación personal, telefónica, audiovisual u otra análoga, sin el consentimiento de su interlocutor, salvo resolución judicial, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de seis años...”

Velásquez dice que su proyecto de ley busca actualizar el artículo 164 del Código Penal, que sanciona la publicación indebida de correspondencia epistolar o telegráfica. Sin embargo, en la exposición de motivos de su proyecto no hay una sola línea que haga referencia a tal artículo 164. Foto: La República.

Escribe:
Augusto Álvarez Rodrich

No es la primera ni será la última, pero acaba de aparecer otra amenaza a la libertad de expresión que debe ser rechazada.

Esta vez viene desde el Apra, y específicamente por iniciativa del congresista Javier Velásquez Quesquén, quien es, curiosamente, alguien respetuoso y tolerante a la crítica y el punto de vista opuesto, a diferencia de algunos ‘compañeros’ suyos que, en estos asuntos de discrepancia, prefieren la cachiporra prepotente del atajo hacia la censura, antes que la persuasión del argumento.

Velásquez Quesquén presentó el 7 de octubre, en complicidad –perdón, con el respaldo– de la bancada de Concertación Parlamentaria, una iniciativa para poder meter a la cárcel, por entre cuatro y ocho años, a los periodistas que difundan audios de conversaciones personales.

Este proyecto pretende insertar un nuevo artículo al código penal (162-B), que quedaría, si finalmente se aprueba este esperpento, redactado de la siguiente manera:
“Artículo 162-B. Difusión indebida de comunicaciones. El que, indebidamente, difunde la grabación de una conversación personal, telefónica, audiovisual u otra análoga, sin el consentimiento de su interlocutor, salvo resolución judicial, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de seis años, siempre que tal difusión afecte el honor, la seguridad personal o el derecho a la intimidad de este último o su familia, o a su patrimonio”.

El ejercicio responsable y con ética del periodismo implica, sin ninguna duda, el respeto al derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas, con lo cual esta iniciativa legislativa tendría fundamento.

Pero un periodismo responsable también reconoce excepciones al derecho a la privacidad y a la intimidad cuando existe un caso de real interés público.

El problema de esta iniciativa legislativa es que apunta a estos últimos casos, constituyendo una amenaza a los periodistas, pues podrían encarcelarlos hasta por nada menos que ocho años si es que, por ejemplo, en esta campaña electoral difunden material como los vinculados a los ‘Petroaudios’, que revelaron una trama mafiosa al interior del segundo gobierno del presidente Alan García; o, para no ir muy lejos, de las conversaciones de Gerald Oropeza que involucren a políticos.

Tal como se ha hecho en esta columna con iniciativas similares previas, como la de la bancada del PPC como reacción a la difusión de los ‘potoaudios’ de Lourdes Flores, que casi la promulga el gobierno actual, hay que oponerse a estas mordazas empaquetadas como proyectos legislativos, en defensa de la libertad de expresión y de investigación de la corrupción, lo cual es sagrado.

 Augusto Álvarez Rodrich 

"Amenaza a la prensa: Iniciativa legislativa contra 

la libertad de expresión", publicado por La República, 

octubre 24 de 2015.

“Si esa norma entrara en vigencia mañana, 

los 'petroaudios' no podrían ser difundidos o 

la gente del Canal 4 se tendría que ir presa. 

Por el audio [de Gerald Oropeza] del 'tío Alan' 
y su batería, tendrían que ir también presos los que

lo difundieron en el Canal 2”, Roberto Pereira. 

especialista en derecho constitucional. Léalo en: 

"‘Ley Velásquez’ pone en serio riesgo la libertad 

de expresión en el Perú", La República, octubre 27 

de 2015

Joseph E. Stiglitz: Los beneficios del TPP para el Perú no están claros y los costos para su economía serán altos.

Los líderes políticos se jactarán de que están promoviendo el bienestar de países y sus pueblos..., pero la realidad es que se ha dado demasiada influencia en las negociaciones a grupos de interés: "...el TPP perpetuaría las ventajas desiguales de compañías de los países avanzados, elevando la protección de los derechos de propiedad intelectual". El resultado: los peruanos estarán enviando cada año grandes cheques de dinero a EEUU, hasta el fin de los tiempos, por el uso de ese conocimiento... Un ejemplo Big Pharma: empujados por los grupos de presión de la industria, los negociadores estadounidenses están presionando a los países del TPP para que acepten protecciones que aumentarán sus ganancias, no por innovar para producir nuevos medicamentos que salven vidas, sino manteniendo a los potenciales competidores, como los genéricos, fuera del mercado y cobrando precios más altos a los consumidores. 

El acuerdo va a ir mucho más allá de una simple reducción de aranceles y cuotas, pues exigirá cambios fundamentales en las instituciones jurídicas, judiciales y reguladoras de cada país, lo que constituye una concesión a los poderosos grupos de presión, que han tenido más acceso al proceso de negociación que los legisladores o los ciudadanos.

Por Joseph E. Stiglitz y Adam S. Hersh

...Considerando la experiencia pasada de los Tratados de Libre Comercio liderados por EEUU, y lo que podemos deducir de documentos filtrados de las negociaciones confidenciales que se están llevando a cabo, es que está claro que los negociadores peruanos están capitulando ante las demandas de las empresas de los países avanzados.

Por lo general, se piensa que en una negociación una de las partes hace algunas concesiones para obtener algo a cambio, pero el Perú ganaría poco con el TPP. Ya cuenta con tratados de libre comercio (TLC) con EEUU, su segundo mayor socio comercial, y otros cinco países miembros del TPP.

La simple pregunta que enfrenta el Perú es si con el TPP estaría mejor que hoy. Ésta es la principal cuestión que deben considerar los negociadores peruanos. Por lo que sabemos a partir de distintas filtraciones de los textos que se están negociando, es probable que lo que se obtenga sea peor. Los beneficios del TPP para el Perú no están claros y los costos para su economía serán francamente altos.

En primer lugar, el TPP perpetuaría las ventajas desiguales de compañías de los países avanzados, elevando la protección de los derechos de propiedad intelectual en formas que aumentan las ganancias de los dueños de la propiedad intelectual, a expensas de todos los demás. Ahora sabemos que lo que separa a los países desarrollados de los países en desarrollo es una brecha en el conocimiento, y este TPP hará que esa brecha sea más difícil de cerrar. El resultado será que los peruanos estarán enviando cada año grandes cheques de dinero a EEUU, hasta el fin de los tiempos, por el uso de ese conocimiento, incluso si se basa en el robo de material genético de la Amazonía peruana.

En esta área, el TPP exige mucho más del Perú de lo que se acordó en el TLC con EEUU en 2009. De hecho, los grupos de la sociedad civil y los líderes del Congreso de EEUU exigieron que el Representante de Comercio –el negociador oficial norteamericano– utilizara ese acuerdo como base del TPP. Pero este Representante, en cambio, se colocó del lado de las grandes empresas del país.

El impacto de tener derechos de propiedad intelectual más estrictos se puede ver más claramente cuando se trata de apreciar cómo se están beneficiando las empresas de "Big Pharma" de las economías avanzadas. Empujados por los grupos de presión de la industria, los negociadores estadounidenses están presionando a los países del TPP para que acepten protecciones que aumentarán las ganancias de Big Pharma, no por innovar para producir nuevos medicamentos que salven vidas, sino manteniendo a los potenciales competidores, como los genéricos, fuera del mercado y cobrando precios más altos a los consumidores.

El TPP logra esto a través de una serie de cambios aparentemente secretos en las reglas –encubiertos además con una jerga oscura relacionada con "vinculación de patentes" y "biológicos"–que en conjunto permitirían a las empresas extender sus monopolios por muchos años más. Esto sería especialmente costoso para el Perú, cuya normativa actual incentiva más el intercambio de datos (data sharing) y la investigación. La empresa Mylan, líder en la fabricación de medicamentos genéricos, ha advertido que el TPP puede, en efecto, hacer cerrar sus relaciones comerciales con los países participantes, lo que significa que no solo los peruanos deberán pagar más por los medicamentos, sino también que algunas medicinas que salvan vidas pueden dejar de estar disponibles.

En segundo lugar, el TPP reduciría la capacidad de los países miembros –entre ellos el Perú– de aprobar normas legales regulatorias para proteger la salud pública, la seguridad y el ambiente, porque crearía mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, que permitirían a los extranjeros demandar al gobierno cuando consideren que alguna regulación afectará sus ganancias. El arbitraje sería privado y vinculante, incluso si el fallo fuera contrario a las leyes nacionales. Y la empresa podría ser compensada, no solo por sus inversiones ya realizadas, sino por la pérdida de sus beneficios “esperados”, aun si sus ganancias se generan por la venta de productos que matan personas y aunque no haya habido discriminación alguna en la regulación nacional.

Estas no son amenazas hipotéticas: ya existen acuerdos de inversión similares y han dado lugar a este tipo de demandas. De hecho, el Perú enfrenta actualmente una demanda por US$ 800 millones de la empresa estadounidense Renco para determinar si Renco puede continuar operando una fundición de metales en La Oroya –que está considerada entre los 10 lugares más contaminados del mundo– y que también busca eludir el pago de compensaciones para las víctimas y para la rehabilitación del sitio.

En otro caso, Australia (al igual que Uruguay, que no es socio del TPP) enfrenta una demanda de las productoras de cigarrillos sobre las etiquetas de advertencia de salud pública en las cajetillas de cigarrillos con el objetivo de frenar el consumo de tabaco. Canadá, bajo amenaza de demanda, se retractó y ya no puso en marcha normas regulatorias similares. Y México se vio obligado a pagar US$ 15 millones después de que los árbitros encontraron equivocada una decisión gubernamental de cerrar un vertedero de residuos tóxicos no permitido que filtraba en las aguas subterráneas.

Éstos son solo algunos de los cientos de casos más graves que los inversores multinacionales han iniciado contra regulaciones de interés público. Los árbitros se pronuncian, con mayor frecuencia de lo que podría pensarse, a favor de los inversores o los gobiernos nacionales optan por llegar a un acuerdo para evitar las presiones legales.

El mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado es exactamente lo opuesto del significado previo de los derechos y obligaciones entre ellos. En el marco del TPP, los gobiernos tendrían efectivamente que pagar a los inversores extranjeros por no contaminar y no perjudicar a la población, en lugar de tener la libertad de regular a las empresas para asegurarse de que no perjudiquen a otros. Los mecanismos de solución de controversias existentes ya son bastante malos. Su expansión radical en virtud del TPP sería desastrosa.

Esto es particularmente importante en el caso del Perú, donde hay una larga historia de abusos contra el medio ambiente y los trabajadores por parte de las empresas. En virtud del TPP, el país podría ser demandado por cualquier cambio en las normas legales para proteger a los trabajadores y el medio ambiente, sin importar cuán razonables o discriminatorias sean, siempre y cuando esto afecte las ganancias de las empresas. Y dificultaría aún más la lucha para mejorar las condiciones laborales y el nivel de vida de los trabajadores, y frenar la explotación insostenible de los activos ambientales del país.

Sin duda, una mayor integración comercial y de inversión con el mundo promete mucho para el Perú, pero el TPP no es el camino para lograrla. No hay evidencia de que este tipo de protección de los inversionistas y los derechos de propiedad aumentarán la inversión extranjera o traerán más innovación para la economía peruana. Lo que hará será asegurarse de que una mayor parte de los salarios de los trabajadores peruanos terminen en los bolsillos de las corporaciones globales y que el Perú ya no tendrá la potestad de volver a establecer las reglas de manera que sirvan mejor a sus ciudadanos, protegiendo su salud y seguridad, el ambiente y los ricos recursos naturales del país, e incluso aseguren la estabilidad de su economía.

Si el presidente Humala quiere hacer lo correcto para el pueblo peruano dará instrucciones a la ministra Silva [Magaly] para que en Attlanta exija que no se retroceda en los términos obtenidos con tanto esfuerzo en el acuerdo entre el Perú y EEUU, se asegure que sus ciudadanos seguirán teniendo acceso a los medicamentos genéricos a precios asequibles, y rechace un TPP que deje el futuro económico del país en manos de los inversionistas de las multinacionales.

Septiembre 29, 2015.

* Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, 

profesor en la Universidad de Columbia 

y economista jefe en el Instituto Roosevelt.

* Adam S. Hersh, Economista senior en el Instituto Roosevelt 

y Académico invitado en la Iniciativa para el Diálogo Político 

de la Universidad de Columbia

Lea la versión completa en:

"Nobel de Economía a Humala: No permitan que el TPP 

encierre al Perú en relaciones comerciales desiguales", 

publicado por La República, septiembre 30 de 2015