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| Los gallinazos del SIN incursionando en un operativo paralelo luego del primer ataque de los comandos. (foto: Caretas) |
En segundo lugar, y lamentablemente es la parte criticable que nos compete como sociedad civil, a causa de un sector de nuestra casta periodística capitalina que, con sus sesgos, no está dispuesta a que hechos suscitados "paralelamente", se esclarezcan, olvidando que nada hay tan impecable que nos convenza a cerrar los ojos y santificar todo cuanto se nos inculca oficialmente, menos cuando hay de por medio autoritarismos y narcicismos sedientos de poder involucrados; y utilizar clichés rimbombantes como "la búsqueda de la estabilidad del país", es el peor disparate que se puede cometer cuando está de por medio la credibilidad de las instituciones, en este caso el poder judicial y sus veredictos.
Tal es el caso del operativo Chavin de Huantar que con la maniobra facilista con la que se nos ha manejado históricamente cada vez que alguna denuncia de violación a los DD. HH. salía a la palestra, de involucrar a la institución tutelar para cubrir las faltas de cuatro o cinco de sus miembros, vuelve a ser protagonista entre "santos y creyentes" cuando, tratando de resucitar frases como: "no abrir heridas", "la unión de los peruanos", "la patria", evocadas en coro como oraciones en medio de una cena pactada entre un grupo de algunos medios noticiosos y un desfile interminable de invitados con quienes han decidido ya cual menú ingerir en comunión, buscan al parecer cundir la impunidad entre algunos de sus pecadores concebidos o por concebir. Así, consignas archi-conocidas como: "...ya, dejemos de maltratar a las Fuerzas Armadas por una operación que fue impecable", "...salgamos de la jurisdicción de de la CIDH", " y otras tantas barbaridades, todas a sabiendas de que un exhaustivo esclarecimiento bastaría para -si así se lo propusieran-, echar abajo cualquier "animadversión" en contra de alguna institución o supuesta intención de borrarla del mapa ¿?. Intencionadas o no, lo cierto es que sus campañas solo alimentan a crear, esta ves sí, un clima de animadversión hacia otra institución que quien sabe, un día cualquiera, estaría dispuesta a defenderlos con uñas y dientes de alguna libertad coartada: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo documento filtrado y publicado en su totalidad por un medio escrito peruano, acostumbrado a estos menesteres, se dice podría implicar delito.
Días atrás, viendo una entrevista en un medio televisivo sentí tanta lástima cuando un invitado, otrora protagonista del desenmascaramiento de la corrupción implantada por el gobierno de Fujimori, y dando la impresión de ser uno más de aquellos, sus incondicionales, que cierran los ojos a todo lo que rime con derechos humanos, decía, así, sin el menor remordimiento -recordándonos pasajes de los juicios por corrupción con los que los inculpados pretenden objetar la validez de un testimonio: "...y todo por un testigo que dice que vio algo que nadie más vio..."
Aquí valdría hacer una reflexión, al margen de epítetos que bien merecido los tuviera. En el supuesto de que realmente por situaciones del momento quienes en el epílogo del operativo, eran conducidos hacia la "casa de seguridad Nº 1" de la embajada, no vieran al emerretista "Tito" tendido boca abajo custodiado por agentes quien al paso de los rehenes liberados levantaba la cabeza -recurso de supervivencia-; lamentablemente para ellos, los involucrados, y pese a que este distinguido congresista se empeña en desinformar, si hay otros testigos directos y vivos, que intervinieron en la larga cadena que significó la captura de tres supuestos terroristas vivos. Están los policías que entregaron a "Tito" a uno de los comandos que ingresaron paralelamente a la primera incursión[1]. Está también el ex ministro de agricultura Rodolfo Muñante, que ¡Oh cosas de las consciencias frágiles de los años 90!, luego de afirmar en una entrevista que vio a un terrorista despojarse de un chaleco con granadas y entregarse a un grupo de jueces, días después se desdijo de lo que dijo[1].
Hasta diciembre de 2010, fecha última en la que el principal testigo del caso, el diplomático japonés Hidekata Ogura se ratificara vía Internet en su denuncia de ejecuciones extrajudiciales en el develamiento de la embajada de Japón[2], el caso de los comandos como inculpados ya había sido dictaminado a favor por el fuero militar y solo un grupo de no más de cuatro entre los que se encontraban Vladimiro Montesinos, Huamán Azcurra, Hermoza Ríos y Jesús Zamudio, eran enjuiciados en el fuero civil[3], es decir ya había sido separada la paja del trigo, como debía ser, pero sin desmedro imagino, de que alguien más se sume a la lista cuando algún otro nombre de quien diera la orden de "eliminar a los rendidos" se conociera, y ese debe ser la clave del asunto, algún militar de alto rango que pueda estar involucrado en la cadena de mando, o quien sabe, aun el propio Fujimori, no olvidemos que en un vídeo apológico el mismo se auto-declaró -junto a Kenji, su hijo-, artífices únicos del develamiento de la toma de la embajada de Japón por subversivos del MRTA, causando sorpresa en el país entero pues siempre se supo de la participación protagónica de su asesor Vladimiro Montesinos.
En conclusión, si todos hiciéramos lo que la consciencia "teórica" nos dicta, este como otros casos que involucran a la CIDH, habrían sido esclarecido hace mucho tiempo y ahorrado una vergüenza más en el consenso internacional al Estado Peruano, que es donde precisamente se examina con detenimiento y se valoran las políticas de derechos humanos de los países.
Lamentablemente existe un poder que manipula desde diversos ángulos y siembra precedentes "legales" para que la justicia que tanto criticamos de "injusta" en el país, nunca prevalezca tal cual se pregona, con equidad, con celeridad, y sobretodo ajustada a ley. Es decir, si vamos a generar una cultura del "perro muerto" a los dictámenes del Poder Judicial entre la ciudadanía, propugnando una ola de incumplimientos a las condenas establecidas mediante indultos generalizados, como es la corriente que se pretende crear en la población hoy, que podemos esperar de tanto barullo levantado por ejemplo, respecto a la seguridad ciudadana, cuando hay un sector privilegiado al que se le pretende librar de culpa con argumentos intencionados. Si llegado el momento y luego de profundo análisis en un acto de humanidad se llegara a conclusión de otorgar una condonación de pena a un detenido, ¿cual es la necesidad de hacer fila india y liberar a otros en un supuesto acto de "reconciliación" nacional que sabemos debería empezar por las víctimas y por quienes lucharon verdaderamente con las armas que otorga la ley para lograra la paz en el país y no se ha consolidado aún.
Tenemos que aprender de los hechos bochornosos que se cometen, no olvidemos que si algo se avanzó en el tema de reparaciones fue en desmedro de un sector que considera que todo lo que se haga en nombre de las víctimas de la violencia, es atentar contra un "cierre de heridas" que muy en lo profundo sabemos se refieren a heridas individuales, privadas, y no tienen otra intención que perpetrar la impunidad de hechos delictivos cometidos al amparo de un emblema patrio, y eso es lo condenable, el emblema que nos separa del salvajismo del delincuente común. Tampoco olvidemos, antes de tomar cualquier decisión en actos de indulto, el caso Crousillat y su escandalosa liberación, el mismo que tuvo que ser revocado ante una presión insostenible de la prensa y la sociedad civil.
fuente:
1. Agencia Perú. 19 de mayo de 2002
2. La República. 12 de diciembre de 2010
