Sigue Capítulo 1: Fujimori-Montesinos... Ingreso: lunes 12 de enero de 2015
Montesinos Torres o una debilidad por lo prohibido
que se amalgama
Corría el año de 1999 y
mientras el régimen alistaba a toda costa la re-reelección de Fujimori, unas
declaraciones del General Francisco
Morales Bermúdez —ex presidente de la República que allanó el camino de retorno
a la democracia al país tras el golpe de Velazco—, respecto de la falsificación
de su firma en 1970 por Vladimiro Montesinos, en un documento que después
usaría en un viaje ilegal a una conferencia en los Estados Unidos,
—acto que a la postre le costaría ser echado del ejército—, remeció las
estructuras de una Comandancia General del Ejército por entonces,
también muy involucrada en el proceso re-reeleccionario,
provocando una reacción airada y hasta ofensiva contra el general:
"Se
demostró fehacientemente que (Montesinos) falsificó una Resolución Suprema
con mi firma y la del comandante general del Ejército, para asistir a una
conferencia en Estados Unidos cuando era un simple capitán...”
diría hasta
en dos entrevistas (Revista Caretas y Canal N), el entonces general en retiro,
Francisco Morales.
Las consecuencias no se dejaron sentir, desde el sorprendente comunicado
de la propia comandancia de entonces en la que hace una defensa
cerrada para con un Montesinos para entonces con una enorme
ascendencia en la cúpula militar, desde un trato totalmente descontextualizado
para con el asesor —excesivamente condescendiente—, hasta una serie
de represalias que a partir de entonces se dejaron sentir contra el general en
retiro.
"es
absolutamente falso" que el señor Capitán en Situación de Retiro don
Vladimiro Montesinos Torres "en la década de los 70 haya falsificado
la firma del General Francisco Morales Bermúdez y del Ministro de Guerra de ese
entonces…"
diría el Comunicado Oficial Nº 019CGE/OIE.
Historia de una baja
Es
propio de farsantes y de cínicos negar haber conocido una historia que implica de
pies a cabeza en un hecho delictuoso a dos o más individuos, aduciendo no
acostumbrar leer tal o cual publicación, cuando lo relevante iba más allá de
cualquier investigación: estaba pegado a la entrada de cada entidad castrense desde 1983, “por motivos de seguridad”, como
en los viejos tiempos del oeste señalando la ‘indeseabilidad’ de un truhán que había mancillado el honor de la
institución, y cuya foto y un pequeño acápite que resumía lo más ‘significativo’
de su biografía, substituía el monto de recompensa que justificaba su restricción de acceso.
La
historia de la baja de Montesinos del ejército es muy simple y era hartamente
conocida en los medios castrenses y
oficiales del Estado. A mediados de 1976 el entonces capitán del ejército,
Vladimiro Montesinos Torres, sencillamente fraguó documentos oficiales del
Ejército para obtener un pasaporte y viajar clandestinamente a los Estados
Unidos para asistir a una conferencia.
"Montesinos me mostró un oficio de la Secretaría del Ministro de
Guerra que solicitaba a la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior
para que se (le) extienda un pasaporte... Con ingenuidad le pregunté cómo era
posible que (el entonces Ministro de Guerra Guillermo) Arbulú Galliani iba a
solicitar un pasaporte para él (sic)... Se rio y me dijo que el oficio lo
había redactado él mismo y que tenía guardado un viejo sello de cuando
trabajaba con el General Mercado". Francisco Loayza en su libro: El rostro oscuro del poder
Para mala suerte
suya, se topó en Washington con el
General Miguel Ángel de la Flor, entonces asignado a la Junta Interamericana de
Defensa (JID), quien lo reportó. Montesinos fue arrestado apenas llegó al país
y el 6 de octubre de ese mismo año fue dado de baja como medida disciplinaria y
condenado a 12 meses de prisión efectiva por el Consejo Supremo de
Justicia Militar (CSJM) en junio de 1977.
CONSIDERANDO: Que el Cap. Art. MONTESINOS TORRES VLADIMIRO, del GAC N° 51, viajó a los Estados Unidos de Norte América sin autorización del Comando del Ejército, incurriendo en el delito de desobediencia…/ Que para posibilitar dicho viaje, fraguó el documento militar autoritativo que requería para gestionar pasaporte, … / Que durante su permanencia en los Estados Unidos de Norte América el nombrado Capitán concurrió a diversas instalaciones castrenses, atribuyéndose una representatividad institucional de que carecía, … / De conformidad a lo recomendado por el Consejo de Investigaciones para Oficiales Subalternos, reunido el 28 Set 76;…
SE RESUELVE: Pásese a la Situación de Retiro por medida disciplinaria con fecha 28 Set 76 al Capitán de Artillería MONTESINOS TORRES VLADIMIRO, del GAC N° 51, de conformidad con lo establecido en los Arts. 49° -inciso f- y 55° del Decreto Ley N° 20765, del 22 Oct 74;…
El 13 de julio de 1990
en la Hoja Informativa Nº001, emitida por el entonces Jefe del SIE Coronel
Córdoba, se da a conocer este caso y otra denuncia a Montesinos por el delito
de “traición a la patria" —en base a la transcripción de denuncias del
Mayor Fernández Salvatecci, que era miembro del SIE en los años '70—, para
oponerse al pedido de levantamiento de restricciones de seguridad del entonces
flamante ‘asesor personal’ del presidente electo Fujimori. El resultado:
el 20 de julio de 1990, toda restricción
de acceso a las instalaciones castrenses y afines desapareció mientras el
Coronel Rafael Córdoba y el propio Vicealmirante Panizo, que pasaron
intempestivamente al retiro, así como una serie de personajes involucrados en
el proceso, incluido Fernández Salvatechi y el propio General
Arbulú Galliani, bajo cuyo comando se inició el proceso contra el `Doc', fueron blanco de represalias y de terrorismo blanco.
Si hasta este punto
cree también que el caso de la expulsión de Vladimiro Montesinos del ejército y
su nombramiento como asesor principal del entonces electo presidente de la
República, Alberto Fujimori Fujimori (Inomoto), es otra razón de peso por la que
aquella sumisión referida en un inicio, que tendiera a reducirle algún grado de reproche al ex presidente,
respecto de un vínculo a todas luces
deshonesto, y un probable desvío circunstancial de su conducta hacia
confines delictivos: la siguiente parte de una biografía que tampoco era de
desconocimiento de los medios de investigación —que bien pudo, de haber querido
el autodenominado estadista, haber hecho uso en su perspicuo derecho a una por
lo menos “pequeña reflexión”—: su relación con el narcotráfico, lo desmentirá.
Texto elaborado en base a datos del artículo “El general y los
cadetes” publicado por la revista Caretas en cuyo enlace puede usted
hallar mayores detalles de la indagación periodística
Desclasificados - Por el oído muere el topo
Del mismo modo que la mentira dicha y repetida tantas
veces, y en aras de que el aburrimiento —o nuestra usualmente buena salud
mental, o quien sabe su ausencia—, no afecte otros cometidos de nuestras vidas
—no necesariamente indulgentes o
virtuosos, en demasía—, terminamos por aceptarlas: así mismo, las monsergas
tartufianas que aluden a un virginal acto de inocencia en un hecho de colusión —por
ignorancia, más que por algún vestigio de alguna honradez otrora consignada en
calidad de emblema, y como nunca antes en el pináculo de su inaccesibilidad—,
que echan por tierra cualquier rasgo de lealtad que pueda persistir en el
tiempo —aunque muy optimistamente quisiésemos creer que ello no existiese en
una relación truhana por excelencia—, y que
deslindan caradura y muy prematuramente de cualquier acto de cohecho con un otrora cómplice de fechorías: no hay oleado ni sacramentado que tarde o temprano no
sea profanado por los vestigios de sí,
algún pormenor imperecible —cuya
pequeñez, esta vez alude al detalle que da amplitud al panorama—, y su imperceptibilidad es su secreto por el cual escapa siempre
al usualmente apurado borrado de huellas del acto delictivo.
Tras haberse apenas
iniciado el primer gobierno de Alberto Fujimori, en agosto de 1990, el entonces
embajador norteamericano en Perú, Anthony Quainton, ya había reportado al
Departamento de Estado sobre los oscuros antecedentes de Vladimiro Montesinos
Torres, principal consejero del mandatario peruano, según los informes
desclasificados por el propio ente estatal que se hace mención en la
publicación del diario La República en enero del 2002, lo cual —de persistir
alguna duda respecto de la tantas veces aludida ignorancia sobre tales
antecedentes por el hoy preso de la Diroes—, no hace más que confirmar la
figura lenitiva de parte del ex presidente respecto de su asesor, máxime si en
el desclasificado Nº 38 del 16 de agosto de 1990, así tan prematuramente como
los pocos días que sucedían a la
juramentación presidencial ya lo advertía
con la contundencia que el propio párrafo podía transmitir:
“Se reporta que antes de ser
depuesto, el presidente del Comando Conjunto de entonces, almirante Alfonso
Panizo Zariquey, [la Embajada de los Estados Unidos] remitió a Fujimori un
informe del SIN donde se detallaba los antecedentes criminales de Montesinos…”.
Lo que es más
grave de estos dos informes—y que a la postre se materializaría en la condena
más alta de todos los delitos por los que fue extraditado de Chile: 25 años—,
es que, apenas comenzado su mandato se avizoraba ya un plan antisubversivo de
‘doble cara’ en el que se contemplaba la creación de grupos paramilitares para
la eliminación de sospechosos de terrorismo:
‘23 de agosto de
1990: De la Embajada de Estados Unidos en
Lima a la Secretaría del Departamento de Estado. Reporta que un ex oficial de
la Marina que asesora al Servicio de Inteligencia Nacional, y que opera como
informante de la legación diplomática norteamericana, sostiene que el
presidente Alberto Fujimori apoyaría un plan antisubversivo de doble cara: uno
legal que respeta los derechos humanos y otro "que incluiría operaciones
armadas de unidades especiales entrenadas para ejecutar asesinatos
extrajudiciales"…’.
Sin embargo, pese
a otro informe oficial más amplio sobre Montesinos de la propia embajada
norteamericana a Fujimori fechada el 19 de diciembre de 1990, en el que le
advertía el desmesurado aumento de poder de Montesinos y de sus vínculos con el
narcotráfico, y en adelante, otros informes sobre la utilización del poder del
Estado para contrarrestar a los opositores y en beneficio del régimen a través
de sucias prácticas antidemocráticas, el presidente de entonces, como dice el
argot criollo: simplemente ‘se hizo de la vista gorda’, mientras que el
gobierno norteamericano, tampoco hizo mucho por presionar para descalificarlo
como interlocutor de la lucha antidrogas y para que sea procesado por la
justicia peruana...Continuará
Sigue Capítulo 1: Fujimori-Montesinos... Nuevo ingreso: sábado 21 de febrero de 2015
Montesinos y sus vínculos con el
narcotráfico
Lo más inocuo de sus denunciantes apunta a la defensa que como abogado Vladimiro Montesinos prestara servicios a personajes ligados al narcotráfico, luego de ser expectorado del ejército. Sin embargo, acusaciones como la de Demetrio Chávez Peñaherrera (a) “Vaticano”, quien lo denunció de cobrar cupos de protección para las narcoavionetas que partían del aeropuerto clandestino de Campanilla a Colombia; o algo mucho más de alto vuelo, como el de sus vínculos con el propio narcotraficante colombiano Pablo Escobar, destapadas por el confeso y convicto en cárceles de Estados Unidos y Perú, Lucio Tijero Guzmán, y conocidas en mayor detalle en una entrevista a Roberto —hermano del capo colombiano—, por el medio escrito Cambio, también colombiano, y que después se reafirmara en una entrevista telefónica ante el entonces procurador anticorrupción peruano, José Ugaz: son causales contundentes para disuadir a cualquier político que sorprendentemente accediera por primera vez a la política así tan apoteósicamente como lo hiciera Fujimori. Salvo que hubiera un aliciente nada despreciable en esas instancias: como la entrega de un millón de dólares para una campaña eleccionaria, que obviamente requiere de ingentes cantidades de dinero —en especial si se es un total desconocido en política como era el “Chino”—, lo cual, y muy a pesar de todo, si que era para por lo menos consultarlo con la almohada en una intensa noche de estremecimientos que lo obligara a uno a apelar, si no a su conciencia, por lo menos a un temor original de inmiscuirse en las magnitudes de un delito mayor.
“El abrazo del oso” – confesiones de Roberto
Escobar
“Cuando Fujimori estaba en la primera campaña para presidente, a
fines de 1989, mi hermano Pablo dio un dinero para esa campaña. Fue un millón
de dólares más o menos que se envió en efectivo igual que como vino y regresó
de Colombia el señor Montesinos, por la misma vía… El dinero era para la
campaña de Fujimori y para los otros arreglos que había hecho él con
Montesinos para dejar sacar los aviones cargados con la pasta (pasta
de coca, base de la cocaína) de allá para traerla para los laboratorios que
manejaba mi hermano…”
La declaración de Roberto Escobar a la revista colombiana Cambio el año 2000, así tan espontánea como la de un cautivo de la justicia que nada tiene ya que perder —menos alguna animadversión paisana de que sacar provecho—, era una afirmación que en un contexto de verdaderas voluntades y actitudes remediadoras, hubiese bastado para un inicio de investigación apremiante para con el propio Fujimori, sin embargo, recién siete largos años después —tantos como larga es la mano remolona de una sociedad y de sus autoridades ganadas por el sopor de la indiferencia, en el mejor de los casos—, se daba inicio al juicio oral en un proceso solo a Vladimiro Montesinos que, más allá de la importancia en la serie de cargos personales que se le atribuyen, está aquel preeminente desencanto —por decir menos—, de un proceso de narcotización de la política que está visto, data de mucho, y que necesita encararlo y reemplazarlo desde sus propias raíces, si queremos redimirmos tal cual es hoy nuestra deuda con nuestra sociedad que se degrada a pasos insospechados gracias a este vínculo execrable que ha logrado situarnos en la posición que ostentamos en el contexto mundial como proveedores básicos del estupefaciente más popular, de cuya carga desprendernos es una deuda aún mayor.
-¿Usted se reafirma en sus denuncias?, porque algunas fechas no
corresponden con la realidad- preguntó Ugaz entonces.
-Puedo haberme equivocado en las fechas, pero tengo la absoluta
seguridad que lo que he dicho es verdad. En 1982, cuando mi hermano Pablo tenía
a varias personas del Cártel de Medellín detenidas por narcotráfico en las
cárceles del Perú, se entera por intermedio de unos amigos de la existencia de
Vladimiro Montesinos. Le dijeron a mi hermano que Montesinos podía conseguir
abogados para defender y dejar libre a su gente… El hecho es que las defensas
de Montesinos daban resultado, motivo por el cual fue ganándose la confianza de
mi hermano. Luego, la comunicación fue telefónica, y en 1987, con la venida de
Montesinos a la hacienda Nápoles, el contacto fue personal.
-¿Usted lo vio con sus ojos?
-Yo
lo vi. Y hay otros testigos más que también lo vieron. Le repito, yo estoy
dispuesto a hacer esta declaración bajo juramento y a aportar todas las pruebas
y detalles necesarios para sustentar mis afirmaciones…
Las respuestas son elocuentes. Así fue como respondió Roberto Escobar a un breve interrogatorio telefónico del procurador anticorrupción, José Ugaz, pero el tiempo que en nuestra realidad a la par que cura la herida sana, lo hace también con la gangrena, ya había hecho lo suyo.
Los $ 50 mil mensuales de Vaticano
El caso de Demetrio Chávez Peñaherrera, alias “Vaticano”, es quizá el caso más emblemático de dos realidades del porqué hacemos la afirmación de aquella descomposición que a nivel político e institucional ha ido de deterioro en deterioro en nuestro país hasta alcanzar ese sitial deshonroso que ostentamos hoy en el contexto internacional: uno influenciados por un narcotráfico como delito común sujeto a su combate, y como no a una, llamémosle, natural influencia de su efecto corrupto en el ámbito privativo —el mismo que tampoco tendría porqué ser diferente al de otro país cuya sociedad está también expuesta a su poder de persuasión—; y dos, y aquí viene lo grave del asunto, al haberse presentado escenarios políticos adecuados para lo que llamamos, domesticación, afianzamiento y propagación de la corrupción, como fue el decenio de los 90s en el que —so pretexto de una reorganización—, un sistema caótico sembrado también en la justicia peruana para manejarla al antojo y libre albedrío del régimen instaurado, no hizo más que coadyuvar a que hechos delincuenciales por naturaleza como el narcotráfico, formaran parte de una red de captación de recursos ilícitos los cuales, junto a otras fuentes, caso particular del tráfico de armas —curiosamente, también hacia el país vecino de Colombia (las FARC)—, sirvieron para financiar un enorme listado de ilícitos cometidos durante ese periodo, y como no, para engrosar a ritmo de hormiga, cuentas ladronas de sus protagonistas en el exterior. Una verdadera lavandería de activos promovida desde el propio Estado que hay que insistir, muchas cabezas pagaron cuentas con la justicia, es cierto, pero hubo un daño intangible en la sociedad del que se habla poco, pero que ya nos pasa la factura en esa percepción de la sociedad, excesivamente contemplativa con la corrupción a la que hacemos insistente referencia, que de manera irreflexiva, pone y repone autoridades corruptas en cada elección.
Cuando Vaticano fue detenido el 12 de enero de 1994 en Cali, Colombia, una repentina turbulencia azotó frenéticamente los escenarios de la justicia peruana demostrando no estar preparada para procesar tamaño acontecimiento. Sendas declaraciones de la fiscalía y de la policía aluden de pronto a un seguimiento del narcotraficante que en el caso de estos últimos es remontado inclusive hasta el año de 1991, y añaden muy convenientemente que desde 1992 Chávez Peñaherrera estaba requisitoriado. La propia fiscal fujimorista Blanca Nélida Colán no se deja estar y apenas al día siguiente de la detención del narcotraficante, nombra a Lizardo Suarez como fiscal ad-oc, sumándose insólitamente a la ola acomodaticia con sus declaraciones de que trabajaban en el caso desde 1993.
Hechos significativos acaecidos con anticipación a su detención en Cali, los desmienten. Hechos como la detención previa de Vaticano en 1992 en el propio Perú, en Pisco, cuando fuera liberado por la policía pese a supuestamente estar ya requisitoriado. En septiembre de 1994, una colaboradora de la DEA, Carmen Delgado (curiosa homonimia con la otra Carmen Delgado que acusa a García), declaró que en abril de 1993 todo estaba previsto para la detención de Vaticano en un homenaje que junto con su hermana Bertha recibirían en el club social Loreto, pero que fue frustrado bajo argucias inverosímiles como las que solas se delatan:
“…Salí del local para avisar a los de la Policía que sus
objetivos estaban adentro y se proceda a la captura, recibiendo por respuesta
que ante esa situación, el coronel Matayoshi suspendía la incursión al no tener
jerarquía para detener generales que estaban fuertemente custodiados por
tanquetas y personal militar."
No era para menos tanta desidia en su captura, en febrero de 1994, Chávez Peñaherrera declara el pago de un cupo de 50 mil dólares mensuales a Vladimiro Montesinos, para operar sin dificultades en la zona de Campanilla, y que su fuga a Colombia obedeció a un intento de doblar la suma a $100 mil, hecho que el propio narcotraficante consideraba imposible de pagar:
"Fueron 50,000 dólares mensuales que yo entregué al papá
del señor Capulina, un ex coronel del ejército. (...) El era el intermediario
para entregar la plata al señor Vladimiro Montesinos. (...) Yo pagué 50,000
dólares durante un año y me exigió a mí 100,000 dólares."
Lo que sucedió a continuación desplaza cualquier resquicio de duda respecto a quien era en realidad Montesinos y el grado de fuerza que su sola voz significaba en todos los ámbitos del Estado Peruano, en especial de sus tan esenciales instituciones de justicia. Llegada la fecha del juicio a Vaticano, una serie de ilícitos ensombrecieron lo que en cualquier otro contexto hubiese significado un motivo de expiación de culpas y una reivindicación, por lo menos coyuntural, de un estado de derecho virtualmente llevado por los suelos. No fue inesperada la actuación de la fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán en su defensa cerrada a Montesinos ante la prensa; ni la fue cuando su fiscal que defendería la causa del Estado, Lidio Marticorena, se abstuvo de interrogar al acusado quien tuvo que preguntar a voz en cuello: “¿Y para que estoy aquí, a quien voy a responder?”, para que recién el presidente de la sala ordenara a algunos de los abogados presentes, le hicieran las preguntas respectivas, entre ellos su propio abogado.
-¿Recuerda alguna característica del inmueble de San Borja donde
vio a Montesinos, alguna calle colindante?
-La
dirección no me acuerdo. Pero sí me ubico, está en San Borja norte.
-¿Usted podría llegar a esa casa?
-Claro,
sí puedo llegar.
-¿Hasta qué fecha pago 50 mil dólares a Vladimiro Montesinos?
-Fue durante un año. Desde julio de l991 hasta agosto del 92.
-¿Los que estuvieron en Campanilla, eran
del SIN y siempre eran los mismos que iban a cobrar?
-Sí siempre eran los mismos.
Pero que fue lo que sucedió para ese repentino mutismo que no solo enmudeció al fiscal Marticorena quien no tuvo reparos en citar a una carta enviada por el SIN, —la que recibiera adjunta a un oficio de sus superiores—, como la razón de su inhibición, sino al propio Procurador del Estado en ese fundamental interrogatorio de un proceso que por la magnitud de su acusación, sito en los tiempos actuales no se hubiese tenido reparos en anteponer el prefijo ‘Mega’. Una carta firmada por el jefe ‘nominal’ del SIN, Julio Salazar Monroe, en el que calificaba de ‘calumnia’ las declaraciones de Chávez Peñaherrera:
“…"calumnia" del delincuente Demetrio Chávez, que
mancilla la honorabilidad y profesionalismo del doctor Vladimiro Montesinos,
que se sacrifica por los altos intereses nacionales”.
Unidos, jamás serían vencidos
Una serie de ilícitos se sucedieron desde que fuera detenido ‘Vaticano’ en 1994 y trascendieran las primeras versiones del pago de cupos a Montesinos. Desde intentos varios de buscar retractarse de la presencia de generales del ejército en las tratativas mediante la firma de un documento, hasta la substitución del propio nombre de Montesinos en la denuncia por el de ‘personas influyentes del gobierno’ so promesa de sacarlo de la cárcel. El clímax llegó a su punto máximo cuando ya con el proceso bastante avanzado, y todo un sicosocial en curso, el acusado todavía se mantenía en sus trece respecto de su denuncia. Una serie de autoridades entre ellas, congresistas, militares, policías fueron convocados en el SIN para escuchar los argumentos de Montesinos y establecer lo que sería la línea de defensa única. Línea a la que se sumaría claro está, el propio Fujimori con su defensa cerrada al SIN, la cual era obvio escudaba indirectamente a su asesor.
La defensa del acusado no fue la excepción de esa nueva línea: se ordenó a personal del SIN confeccionar una ficha con el historial del abogado de Vaticano, José Castro Mora, que a partir de ese momento empezaría a ser vigilado, y al propio Chavez Peñaherrera ya no se le permitió siquiera reunirse con su abogado al inicio de sesión.
"Sáqueme de este lugar, no resisto más, ya no quiero
declarar. Ayer vino "Capulina, estuvo por mi celda. Me siento
mal....",
le diría Chávez al abogado Castro Mora presintiendo la hoguera que el mismo se había encargado de encender. Franco de la Cuba “Capulina”, el capitán del ejército dado de baja en 1995, habría ingresado a la Base Naval en un intento de amedrentar a Vaticano con una grave responsabilidad en los custodios del delincuente, que era mantenido en un severo régimen de aislamiento, incluso para con su propio abogado.
Todo estaba escrito sin embargo. Cual si fuese la continuación de aquella carta que Montesinos distribuyera entre varias de las autoridades comprometidas en el proceso a “Vaticano”, conminándolas a guardar silencio, la pregunta que se hacía entonces la revista Caretas quedó flotando como un presagio de lo que sucedería en un Estado de derecho desterrado en el más profundo de los precipicios.
“El tribunal que juzga a Vaticano está por concluir el proceso,
pero puede recomendar que se investigue o abra instrucción contra Montesinos.
¿Lo hará?”
Escribe: Pedigrí
Próxima entrega: "La verdad del 5 de abril"
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