Lava Jato y el fiscal en la mira: la sangre en el ojo vs el ojo que no duerme

"Porque ya vimos esa película: 1985,  caso Villa Coca. Ahí estuvieron involucrados en la protección de y participación en crimen organizado narcotraficante, todos los jefes que tuvo la entonces Policía de Investigaciones (PIP) entre 1980 y 1985; y varios otros. El fiscal de la Nación de ese tiempo, el enérgico César Elejalde, organizó una fuerza de tarea investigativa bajo el mando del entonces joven general Raúl Chávez González, acompañado por el extraordinario coronel Víctor Cancino. El grupo avanzó a gran velocidad hasta que sus corruptos exjefes, representados por el abogado Vladimiro Montesinos, les hicieron un juicio en el fuero militar por “insulto al superior”. ¡Y lo ganaron!"

Por Gustavo Gorriti.-(*)

Febrero va a ser un mes interesante en muchos aspectos, pero especialmente en lo que concierne al caso Lava Jato. Al final del mes, días más, días menos, Jorge Barata declarará a los fiscales peruanos en Brasil, bajo las garantías y apremios de la ley brasileña.

“Marcelo [Odebrecht] conoce el bosque, Barata conoce el árbol”, resumió bien, hace unas semanas, una fuente de esa corporación. Y sí que los conoce. Ya ha nombrado a unos en su delación premiada, pero omitió a otros. La segunda declaración de Marcelo Odebrecht dejó claro que Barata tenía todavía mucho que revelar.

En principio, Barata deberá hablar. Los términos de su acuerdo de delación premiada lo obligan a responder con la verdad detallada a las preguntas que se le haga. Tampoco puede omitir temas no preguntados pero que sean importantes para el asunto sobre el que declara. Burlar el acuerdo puede significar consecuencias muy duras para él: perder parte o incluso todos los beneficios del convenio de delación premiada. Y las cosas han sido ya lo suficientemente difíciles para Barata en múltiples ámbitos como para arriesgarse a perder por largo tiempo lo que todavía conserva: la libertad.

Barata sabe mucho. No es el único, pero es quien tiene probablemente el mejor conocimiento de cómo funcionó el esquema de corrupción de Odebrecht en cada uno de los casos en los que Marcelo Odebrecht ha repetido: “Barata sabe”. “Pregúntenle a Barata”. Ello involucra a Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Susana Villarán. También, por cierto, a varias otras constructoras consorciadas con Odebrecht en diversas obras. Si las diligencias se llevan a cabo con la precisión exhaustiva que debieran tener, el interrogatorio a Barata provocará un avance sustancial en el conocimiento sobre la corrupción de Lava Jato en el Perú y pudiera representar el punto de inflexión en el caso.

"Barata ya ha nombrado a unos en su delación premiada, pero omitió a otros. Luego, la segunda declaración de Marcelo Odebrecht dejó claro que Barata tiene todavía mucho que revelar".

Pero estos árboles no esperan quietos la hora de su nueva taxonomía. La ofensiva contra la investigación Lava Jato está en marcha desde hace buen tiempo atrás, con una suerte de estrategia que se concentra en lo que ha sido históricamente la mejor receta para lograr la impunidad: convertir a los investigados en investigadores a través del control o intimidación de las organizaciones encargadas.

¿Recuerdan lo que pasó cuando El Comercio publicó algunos trascendidos de la declaración de Marcelo Odebrecht en noviembre pasado? Keiko Fujimori respondió con un vídeo amenazador, prometiendo una demanda judicial contra ese diario. Antes los dirigentes keikistas habían exigido un boicot publicitario contra Caretas. Poco después, cuando el fiscal José Domingo Pérez allanó locales partidarios de Fuerza Popular en busca de información, la inmediata movilización intimidatoria de congresistas del fujimorismo contra el fiscal incluyó a la presidenta de la Comisión supuestamente investigadora del caso Lava Jato en el Congreso, Rosa Bartra.


Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, durante el allanamiento al local de Fuerza Popular en diciembre de 2017. (Fuente: El Comercio)

Mientras tanto, los fujimoristas habían planteado una acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y promovían agresivamente también la destitución del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. La última parte de esa prepotencia en cadena fue el intento de defenestrar a Kuczynski, que los hubiera llevado a tomar el poder y, ahí sí, manejar a la bruta y a su gusto no solo la investigación del Congreso sino también las fiscales y judiciales.

Mientras esa ofensiva de aplastamiento se ponía en práctica y eventualmente fracasaba (cuando menos por ahora), otras acciones se llevaban a cabo en paralelo. El fujimorismo (quizá haya que llamarlo ya keikismo para distinguirlo del fujimorismo de Asgard y los Avengers) continúa intentando consolidar el control del Consejo Nacional de la Magistratura, desde donde buscará también destituir al fiscal de la Nación y nombrar fiscales y jueces que respondan a sus intereses o a los de su aliado en la ofensiva contra la investigación de Lava Jato: el Apra.

Si el fujimorismo keikista y el Apra llegaran a controlar la Fiscalía de la Nación y terminaran de hacerlo con el Poder Judicial, podrían diseñar el guion de encubrimiento de la investigación Lava Jato. ¿Un adelanto de cómo sería ese guion? Vean la lista de investigados que tiene la comisión del Congreso que preside Bartra y adivinen los nombres que faltan. Así es: ahí no está Alan García y tampoco está Keiko Fujimori.

Aún ahora, el atreverse a investigar a Keiko Fujimori o a Alan García pone a cualquier funcionario público en el camino de represalias a través de los aliados de estos dentro de instituciones como la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que ha sucedido con el decidido y competente fiscal José Domingo Pérez.

Como se recuerda, cuando este se preparaba para interrogar a Marcelo Odebrecht en Curitiba, en septiembre del año pasado, el fiscal Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la fiscalía, intentó prohibirle las preguntas que pudieran referirse a Alan García.

José Domingo Pérez defendió con energía su fuero investigativo. Reportó a su superior, el fiscal Rafael Vela, lo que había sucedido y planteó una queja ante la oficina de control interno del Ministerio Público. Peña Cabrera negó las acusaciones y quejó a su vez a Pérez Gómez en la misma oficina de control interno.

Hace pocos días, La República y El Comercio reportaron que la fiscalía Suprema de Control Interno estaría centrando su “investigación” sobre Pérez Gómez por haberse enfrentado a Peña Cabrera, “un fiscal de mayor jerarquía”. Se trataría de “una falta de respeto”.

No he tenido tiempo de confirmar esa información con el fiscal supremo de Control Interno, que se llama Víctor Raúl Rodríguez Monteza. De ser cierto, que espero no resulte el caso, sería no solo inaceptable sino escandaloso. ¿Se le va a prohibir a un fiscal provincial denunciar a un fiscal superior (provisorio o no) que intenta limitar o sabotear su investigación?

Luego, en Brasil, Pérez Gómez ciertamente preguntó por “AG” y recibió respuestas reveladoras que permitirán hacer ahora preguntas mucho más específicas a Jorge Barata. Preguntó también en Brasil sobre Keiko Fujimori y en Lima llevó a cabo un allanamiento a los locales partidarios de Fuerza Popular. ¿Le quieren cortar ahora la investigación en etapa decisiva con argumentos estúpidos?

He visto varias veces ese argumento en acción. La primera fue en 1985, en el caso Villa Coca. Ahí estuvieron involucrados en la protección de y participación en crimen organizado narcotraficante todos los jefes que tuvo la entonces Policía de Investigaciones (PIP) entre 1980 y 1985; y varios otros. El fiscal de la Nación de ese tiempo, el enérgico César Elejalde, organizó una fuerza de tarea investigativa bajo el mando del entonces joven general Raúl Chávez González, acompañado por el extraordinario coronel Víctor Cancino. El grupo avanzó a gran velocidad hasta que sus corruptos exjefes, representados por el abogado Vladimiro Montesinos, les hicieron un juicio en el fuero militar por “insulto al superior”. ¡Y lo ganaron!

Poco después, a través del nefasto fiscal Hugo Denegri, Montesinos tomó el control de la fiscalía de la Nación. Chávez González, Cancino y otros policías íntegros enfrentaron años muy difíciles. El Perú, peor.

Pero algo hemos aprendido de esas experiencias, ¿verdad?

(*) Reproducción de la columna

‘Las palabras’ publicada en la edición 2524 de la revista ‘Caretas’.

"Del Bosque al Árbol", Gustavo Gorriti, IDL-Reporteros, jueves 01 de febrero, 2018

Educación, derecho y coherencia

Desde una visión que no trasciende de la defensa de los derechos laborales de un importante sector de la izquierda, ... he encontrado el germen de una propuesta más racional y equilibrada que defiende al mismo tiempo el salario, la evaluación, la capacitación y el financiamiento eficaz de la educación pública.
Encuentro que esa visión intenta dar respuesta al temperamento ciudadano que se ha mostrado más coherente que la mayoría de especialistas, políticos y medios, especialmente aquellos que han desarrollado una repentina y sorprendente afinidad con el sindicalismo... por lo que no sorprende que el 56% se muestre de acuerdo con la huelga y que el 94% se pronuncie en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la meritocracia.
La piedra de toque de esta brecha entre el populismo de buena parte de las elites y la coherencia de los ciudadanos –la teoría dice que debería ser al revés– es el enfoque de derechos. Siendo más directos, un sector social y político persiste en asumir la lucha por la vigencia de una parte de derechos, recusando e ignorando los otros.

Juan de la Puente

La izquierda se ha empezado a diferenciar en relación a la huelga magisterial, del mismo modo que ocurre en relación a Venezuela. El centro de esta divergencia no reside en las demandas salariales, legítimas en los maestros, sino esencialmente sobre la evaluación magisterial.

Un importante sector de la izquierda se hace eco de la demanda de la dirigencia de la huelga que intenta relativizar la evaluación con la consigna conocida de que el profesor que no pasa las evaluaciones y no responde a las capacitaciones no debe ser retirado del magisterio. Desde una visión que no trasciende de la defensa de los derechos laborales, este sector privilegia el salario y la estabilidad.

He leído, sin embargo, el comunicado del Comité Impulsor de Nuevo Perú y que incluye a su bancada parlamentaria, y he encontrado el germen de una propuesta más racional y equilibrada que defiende al mismo tiempo el salario, la evaluación, la capacitación y el financiamiento eficaz de la educación pública.

Encuentro que esa visión intenta dar respuesta al temperamento ciudadano que se ha mostrado más coherente que la mayoría de especialistas, políticos y medios, especialmente aquellos que han desarrollado una repentina y sorprendente afinidad con el sindicalismo. En los ciudadanos, según la encuesta reciente de Ipsos, es muy patente el equilibrio salario/calidad, por lo que no sorprende que el 56% se muestre de acuerdo con la huelga y que el 94% se pronuncie en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la meritocracia.

La apuesta populista que presenta dos caras –salario sí, evaluación no; o calidad sí con bajos salarios– no se advierte en los ciudadanos. Al contrario, premunidos de un amplio conocimiento del tema (más del 90% está informado sobre la huelga y sus demandas) se aprecian sólidos porcentajes que indican que los peruanos creen que los maestros reclaman por convicción (69%); que están de acuerdo con que las huelgas incluyan marchas (67%); que están en contra de que las huelgas incluyan ataques a los locales públicos y privados (93%); que no se les impida trabajar a los que quieran hacerlo (76%); y que a los huelguistas se les debe descontar los días que no trabajan (70%).

No podría decirse que esta opinión pública ha sido formada a propósito de esta huelga y que estas percepciones expresan el triunfo de alguno de los bandos que se radicalizan en uno y otro sentido. Se trata de una percepción premunida de un entendimiento más inclusivo de los derechos y más responsable que las vanguardias sindicales, políticas y mediáticas.

La piedra de toque de esta brecha entre el populismo de buena parte de las elites y la coherencia de los ciudadanos –la teoría dice que debería ser al revés– es el enfoque de derechos. Siendo más directos, un sector social y político persiste en asumir la lucha por la vigencia de una parte de derechos, recusando e ignorando los otros. Así, se demanda derechos sociales pero se relativizan los derechos políticos; se reclama el derecho a la propiedad violentando los derechos ambientales; se exige la protección de la libertad de empresa pero se ataca el derecho de propiedad de los pueblos originarios; o se reclama el derecho a producir y transformar bienes para la venta, pero se desconocen los derechos de los consumidores.

En estas semanas hemos visto una versión mayoritaria de la izquierda que insiste en la reconocida legitimidad del salario pero que subestima, más allá del discurso, el derecho de los escolares a una educación de calidad. Este desfase tiene su origen en una deficiente asimilación del enfoque de derechos que presume que en la hipótesis de un conflicto entre derechos –que existe y al que no habría que temerle– se precisa de una adecuada ponderación, un estándar que tiene décadas de existencia como formas de asignación de bienestar en base al interés público, la ponderación de las necesidades insatisfechas, la proporcionalidad de las capacidades del Estado y el pacto social entre los trabajadores y el Estado.

Título original: "La izquierda de todos los derechos",

 por Juan de la Puente, La República,

 agosto 25 de 2017

Lea también:
Cambios profundos: 

Perú (3.8 del PBI), Colombia (3.1) y República Dominicana (2.8). // Brasil (8.3), 

Argentina (8.0) y Costa Rica (7.8) son los que más gastan en ella. Incluso 

Venezuela, Ecuador, Bolivia gastan más del 5% de PBI en educación.

LR. La huelga de los maestros ha generado condiciones 

favorables para cambiar drásticamente la educación pública porque tiene 

una alta legitimidad social en la medida que la mayoría de la población 

respalda sus demandas salariales, pero al mismo tiempo exige, previa 

capacitación, la evaluación y la mejora de la calidad de los profesores 

que estos rechazan porque implica despido de los que fracasan por tres 

veces consecutivas. Este es un punto polémico. Es cierto que no se 

puede evaluar a los hambrientos, como dice Nicolás Lynch, pero es 

cierto también que si mejoran los salarios y las condiciones de vida de 

los maestros, estos no pueden negarse a ser evaluados... Ampliar lectura.

Lava Jato: ¿Operación encubrimiento?

“...por lo que voy a proceder a formularlas, siguiendo ese orden [por escrito] y luego, al final, voy a permitir que se realicen, si hubiera alguna intervención en el momento que sea razonable, pueden preguntar […] sin embargo, si hubiera una pregunta que sea relevante en ese momento, pueden pedir que se complemente. ¿Está bien?”, el procurador federal brasileño, Orlando Martello, a los fiscales peruanos.
   Luego, después de que Marcelo Odebrecht revelara en forma explícita su certeza de que su compañía había apoyado la candidatura de Keiko Fujimori y “probablemente” la del Apra, uno de los participantes, descrito como “interlocutor peruano” en la traducción oficial (probablemente uno de los dos abogados de la familia Humala Heredia), preguntó “Con respecto a la colaboración para la campaña política a otros partidos?”, el procurador brasileño Martello instó a Odebrecht a responder: “Marcelo, usted puede responder de nuevo, es solo que él no entendió, usted contestó ¿si?”.
   Odebrecht, claro, contestó. Y los fiscales peruanos ocultaron esas respuestas bajo el trajinado tótem de la “reserva y confidencialidad” de las diligencias, que solo sirvió para lo que ahora resulta un patente encubrimiento. 

"¿Revelar que, aparte del monto destinado a la campaña de Humala en 2011, Odebrecht aconsejó a su subordinado Barata que apoyara “más” a Keiko, significa decir 'prácticamente nada?' ".

 

Por Gustavo Gorriti.(*)

El lunes 17 de julio, en una conferencia de prensa, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, intentó responder por qué la Fiscalía había actuado solo sobre las declaraciones de Marcelo Odebrecht con relación a Ollanta Humala y Nadine Heredia y no sobre aquellas en las que se refirió con inequívoca claridad a Keiko Fujimori y el Apra.

Sánchez dijo que: “La diligencia [en Curitiba] fue expresamente para un tema determinado […] Solo se podía preguntar por ese tema, porque no había otro tema en la petición […] No hay interés en proteger a alguien, ni a ninguna persona”.

Eso es falso. En el inicio de la declaración de Marcelo Odebrecht, el 15 de mayo, el procurador [fiscal] federal brasileño, Orlando Martello, que dirigió la diligencia, informó que las preguntas de la fiscalía peruana habían llegado por escrito “por lo que voy a proceder a formularlas, siguiendo ese orden y luego, al final, voy a permitir que se realicen, si hubiera alguna intervención en el momento que sea razonable, pueden preguntar […] sin embargo, si hubiera una pregunta que sea relevante en ese momento, pueden pedir que se complemente. ¿Está bien?”.

Luego, cuando el interrogatorio estuvo avanzado, después de que Marcelo Odebrecht revelara en forma explícita su certeza de que su compañía había apoyado la candidatura de Keiko Fujimori y “probablemente” la del Apra, uno de los participantes, descrito como “interlocutor peruano” en la traducción oficial del ministerio público brasileño (probablemente uno de los dos abogados de la familia Humala Heredia), preguntó “Con respecto a la colaboración para la campaña política a otros partidos?”, el procurador Martello instó a Odebrecht a responder: “Marcelo, usted puede responder de nuevo, es solo que él no entendió, usted contestó ¿si?”.

Odebrecht, claro, contestó (la declaración íntegra está publicada tanto en Caretas como en IDL-Reporteros). Y los fiscales peruanos ocultaron esas respuestas bajo el trajinado tótem de la “reserva y confidencialidad” de las diligencias, que solo sirvió para lo que ahora resulta un patente encubrimiento.

Otro que utilizó el mismo argumento para justificar haber ignorado por completo la información de Odebrecht sobre el apoyo a las candidaturas de Fujimori y el Apra en 2011, fue el fiscal del caso Humala-Heredia, Germán Juárez Atoche. El 4 de julio, en una conferencia de prensa, Juárez Atoche dijo que “no podía salirme de ese marco porque las preguntas estaban preestablecidas en un pliego interrogatorio”. Es verdad, ¡pero Marcelo Odebrecht respondió mucho más de lo que pedía ese pliego y nombró a Ollanta, a Keiko y al Apra! ¿Juárez Atoche se tapó los oídos? Peor que eso. Él y sus acompañantes hicieron lo posible por tapar la vista de los peruanos.


En la misma conferencia de prensa, revelados ya los hechos, Juárez Atoche buscó desmerecer la declaración de Marcelo Odebrecht sosteniendo que este “no dice prácticamente nada, porque al final remite a Jorge Barata […] montos no lo da, habla en condicional: ‘se habría’. En todo caso quien debe explicar es Jorge Simoes Barata, hay que tomar con las reservas del caso esas declaraciones”.

Esas son las declaraciones de un fiscal presuntamente capacitado para investigar. Veamos: si uno llega a tomar declaraciones al exjefe de una corporación gigante, con operaciones en por lo menos tres continentes, ¿anula el valor de sus revelaciones cuando este recuerda la situación global y remite a quien fue su ejecutivo principal en el Perú para los detalles? ¿Revelar que, aparte del monto destinado a la campaña de Humala en 2011, Odebrecht aconsejó a su subordinado Barata que apoyara “más” a Keiko, cuya candidatura estaba seguro que se apoyó así como “probablemente” la del Apra, significa decir “prácticamente nada”? ¿Son más interesantes las evidencias que se pueden recoger en el colegio de los hijos de Humala que las inequívocas declaraciones de Marcelo Odebrecht?

Está claro que había que profundizar el asunto interrogando cuanto antes, y en Brasil, a Jorge Barata, donde los términos de su delación le obligan a responder con verdad. De eso, hasta Juárez Atoche pareció haberse dado cuenta cuando dijo que quien debía explicar eso era, precisamente, Barata.

Pero cuando Juárez Atoche dio esas declaraciones ya sabía que la procuraduría brasileña había respaldado el pedido de Barata de no declarar más ante las autoridades peruanas debido a su denuncia que estas habían violado el acuerdo de inmunidad suscrito en Brasil y Perú. ¿El autor de las acciones que cerraron la colaboración de Barata? Juárez Atoche.

No solo eso. El 7 de julio, tres días después de indicar que Barata debería explicar lo que declaró Marcelo Odebrecht, el fiscal Juárez Atoche firmó una resolución para “desistir de la solicitud de cooperación internacional judicial para recabar la declaración [de][…] Jorge Barata”. ¿El pretexto? Que ya Barata había declarado ante Hamilton Castro sobre “el aporte de 3 millones de soles [sic]”. Sobre lo de Keiko y el Apra, ni una palabra.

Lea el documento original:
Oficio de la Procuraduría General de la República de Brasil sobre Jorge Barata

Sin necesidad de mencionar otra vez los comunicados mentirosos de la fiscalía de la Nación luego de la declaración de Odebrecht en Curitiba, creo que la situación, en cuanto se refiere a la investigación del caso Lava Jato, está bastante clara a estas alturas.

- Desde la Fiscalía de la Nación, se ha llevado a cabo el mayor esfuerzo por incriminar a Ollanta Humala y a Nadine Heredia, aunque ello implique gruesos abusos, especialmente contra la lógica y el sentido común. Eso, en el mediano y largo plazo afectará la legítima investigación que debe realizarse por los muy probables actos de corrupción en el caso Lava Jato, de los que ambos pueden ser responsables.

– Se ha hecho a la vez un esfuerzo por lo menos igual para silenciar y ocultar las revelaciones de Marcelo Odebrecht sobre el apoyo de su organización a la candidatura de Keiko Fujimori el 2011 y el probable que se dio a la del Apra. Primero se violó el acuerdo de inmunidad pactado con Brasil y luego, en lugar de tratar de reparar el problema, se desistió, a través de Juárez Atoche, de la petición de interrogar a Barata.

Este último, Barata, debe estar probablemente contento –en medio de sus otras tribulaciones– de no tener que hablar en Brasil sobre las declaraciones de su exjefe. Si es llamado a testificar allá, Barata estará obligado –como todos los que se han acogido a la delación premiada– a responder con verdad lo que se le pregunte. Mentir ahí puede poner en grave riesgo su acuerdo de colaboración, con las duras consecuencias penales que eso significa.

Y es evidente que a Barata le ha resultado más cómodo delatar a Toledo y a Humala, a quienes es claro que detesta (Marcelo Odebrecht lo describe bien en el caso de Humala) antes que a García y a Fujimori. Con García, Barata tuvo una cercana amistad; y Keiko fue (Marcelo dixit) su candidata preferida para las elecciones de 2011.

Aún así, unos nuevos interrogatorios a Barata, preferiblemente en Brasil, pueden aportar información muy importante si se llevan a cabo con inteligencia, conocimiento del tema y una disposición a la vez imparcial y decidida de investigar el caso entero.

Pero creo que sabemos que ese tipo de acción, simple, clara y coherente, no provendrá del Ministerio Público, a menos que se realice una reforma veloz pero profunda de la investigación y de los investigadores; y se reemplace la incompetencia encubridora con una investigación valiente, profunda y eficaz.

(*) Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2497 de la revista ‘Caretas’.

 Título original: 

"Confesión y Sabotaje", por Gustavo Gorriti,

 IDL-Reporteros, julio 20 de 2017.

Lea también:
Gorriti: Veo incompetencia y encubrimiento en actitud 
de Fiscalía sobre caso Odebrecht, Keiko y el Apra 
Ideeleradio. “Cuando Marcelo Odebrecht 
le dice a Jorge Barata, ‘dale más a Keiko’ y después sale la nota de 
‘dale 500 más’, entonces uno se pregunta si habían ido hasta Brasil 
por los tres millones de Ollanta Humala y ahí se dice que por lo me
nos había una cantidad igual a otra candidata, y no investigan en 
forma inmediata eso, entran en silencio, ¿eso no sé llama encubri-
miento, aquí en cualquier parte del mundo?”, declaró en el progra-
ma No Hay Derecho de Ideeleradio.
“[Los fiscales que participaron en esa diligencia] no hicieron una in-
vestigación, no hicieron una diligencia, no hicieron nada de nada es 
ese aspecto. No solamente eso, sino que lo negaron”, cuestionó... 
Ampliar lectura.

¿Conspiración? ¿Cual de todas? ¿El entierro político de dos adversarios? ¿La sed de sangre de las graderías, aplacada? ¿O la del encubrimiento a dos posibles compañeros de celda?

A esto se suma la maniobra que ha conseguido apartar de la investigación fiscal el testimonio de Jorge Barata, una evidencia clave, porque, según Marcelo Odebrecht, Barata tiene todas las pruebas contables de los sobornos pagados a Fujimori y García. El fiscal Germán Juárez desistió de interrogarlo, aduciendo que ya es conocido lo que dijo sobre Humala, evitando así que hablara acerca de las declaraciones incriminatorias de Odebrecht sobre Alan García y Keiko Fujimori. Las sospechas de una acción encubridora se refuerzan cuando se recuerda que la fiscalía escondió a la opinión pública las declaraciones de Odebrecht, amparándose en el secreto procesal, y calumnió a Gustavo Gorriti, acusándolo de mentir, cuando este dio a conocer estas evidencias incriminatorias. Esta es la más importante maniobra judicial encaminada a sustraer a Alan García y Keiko Fujimori de la acción de la justicia.

Esta [sería] una ilustración cabal de la diferencia entre la ley y la justicia y de cómo se suele utilizar la primera para burlar a la segunda.

Redacción:
Nelson Manrique

La orden de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, ha provocado una oleada de protestas que atraviesa todo el espectro político, por juzgarse excesiva. Ha agudizado, por otra parte, la polarización que hoy enrarece el ambiente político.

¿Estamos frente a una maquiavélica conspiración que usa a los jueces para el logro de determinados objetivos? Puede ser, pero entonces hay que escoger la conspiración, porque las hay para todos los gustos: para deshacerse de Humala y Heredia destruyéndolos políticamente; para satisfacer la sed de sangre del pueblo con un par de víctimas propiciatorias; para encubrir a Alan García y Keiko Fujimori, etc. Comencemos con qué pasa con el sistema de justicia.

Una consideración fundamental es que el abuso de la prisión preventiva en la fase de investigación es un vicio del sistema judicial peruano, anterior a este caso. En una intervención –afortunadamente conservada en video– el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, señalaba hace un tiempo que esta medida, que debiera ser excepcional para no violar el principio fundamental de presunción de inocencia, ha sido convertida en usual por los jueces: un 90% de las demandas de prisión preventiva son aprobadas y solo un 10% rechazadas. La razón no tiene que ver con la justicia sino con la presión de los medios de comunicación, que encuentran más atractiva como noticia la prisión que la comparecencia. Los jueces actúan entonces de acuerdo a lo que impone la presión de los medios y las fuerzas políticas más que de acuerdo a lo que les dicta su conciencia (http://bit.ly/2u2EvF7). Más que suscribir una teoría conspirativa particular lo criticable es la doble vara con que actúa la justicia, poniendo en prisión a los Humala y dejando a Alan García y Keiko Fujimori, cuyos casos son similares, en libertad.

A esto se añade la naturaleza política del caso. En este tipo de juicios lo político pesa tanto como lo judicial. Cuando Ollanta Humala traicionó a sus electores y se pasó a la defensa de los intereses de la derecha económica perdió el apoyo que gozaba de los primeros sin conquistar la simpatía de sus patronos. Hoy paga las consecuencias de la soledad política que él mismo se forjó. Nada de esto debe leerse como una defensa de su inocencia. Humala y Heredia merecen ser juzgados y ser castigados de acuerdo a ley; las evidencias acumuladas en Lava Jato y Madre Mía demandan juicio y sentencia.

Por desgracia, estos no son los únicos fallos de nuestro sistema judicial. Hay una evidente actuación cómplice de los fiscales del escándalo Lava Jato, que durante el interrogatorio a Marcelo Odebrecht solo buscaron pruebas para condenar a Humala y Heredia, evitando cuidadosamente repreguntar a Odebrecht –lo que se caía de maduro– cuando afirmó que su empresa sobornó a Alan García y Keiko Fujimori. Esta esta una ilustración cabal de la diferencia entre la ley y la justicia y de cómo se suele utilizar la primera para burlar a la segunda.

A esto se suma la maniobra que ha conseguido apartar de la investigación fiscal el testimonio de Jorge Barata, una evidencia clave, porque, según Marcelo Odebrecht, Barata tiene todas las pruebas contables de los sobornos pagados a Fujimori y García. El fiscal Germán Juárez desistió de interrogarlo, aduciendo que ya es conocido lo que dijo sobre Humala, evitando así que hablara acerca de las declaraciones incriminatorias de Odebrecht sobre Alan García y Keiko Fujimori. Las sospechas de una acción encubridora se refuerzan cuando se recuerda que la fiscalía escondió a la opinión pública las declaraciones de Odebrecht, amparándose en el secreto procesal, y calumnió a Gustavo Gorriti, acusándolo de mentir, cuando este dio a conocer estas evidencias incriminatorias. Esta es la más importante maniobra judicial encaminada a sustraer a Alan García y Keiko Fujimori de la acción de la justicia.

No debe perderse de vista los problemas de fondo, de los cuales el fundamental es la completa incapacidad, comprobada hasta la saciedad durante estas décadas, del sistema judicial para auto reformarse. Los partidos debieran plantearse como un problema político de primer orden qué hacer para tener una justicia confiable, sin la cual es imposible cimentar un orden democrático consistente. Teniendo claro que varios cambios de fondo chocan con los intereses particulares de los partidos políticos, y solo podrán conseguirse por medio de la acción ciudadana: allí donde los caminos institucionales se cierran, el camino pasa por las calles.

 Título original: "Prisión de Ollanta y Nadine, y la justicia", 

 Nelson Manrique, La República,

 julio 18 de 2017

Lea también:

De buitres y pájaros fruteros (¿Por qué creerle a Odebrecht?) 
LR ...si tuviera que buscarse atenuantes (que no los hay), tendría 
que tomarse en consideración que el dinero para la campaña 
de Humala era un aporte indirecto de Luiz Inácio Lula Da Silva, 
el hoy también preso ex presidente de Brasil, quien tenía una 
especie de caja chica con Odebrecht y las otras transnacionales 
brasileñas para sus fines políticos. Es decir, fue una “generosa” 
donación a un partido afín, sin mayor interés que hacerle un 
favor a su misio camarada latinoamericano al que ni el analista 
más loco le daba posibilidades de triunfo.
   Algo muy diferente habría sido el aporte a la candidatura de 
Keiko Fujimori, pues este sí se hizo por simples cálculos comer
ciales de la propia empresa que, así, esperaba ganarse favores 
en un futuro gobierno naranja. Del gobierno de García, no hay 
mucho que decir: hay hasta un Cristo de tamaño colosal como 
prueba de cercanías y prebendas... Ampliar lectura.

El arpón: ¿Qué impide a Fuerza Popular votar por sacarlo del puesto de contralor?

¿Hay fujimoristas asustados por los audios del contralor? ¿A cuántos y a qué fujimoristas también grabó Alarcón, por ejemplo, armando planes contra el gobierno? Chuponear a alguien por el teléfono o su correspondencia escrita o digital, o grabarlo en una conversación en la que hasta se le induce a decir algo para luego extorsionarlo, como es obvio que lo ha hecho de manera sistemática el aún contralor Edgar Alarcón, es un delito que en su caso se agrava por ser uno de los funcionarios más importantes del Estado para supervisar el cumplimiento de la legalidad, como lo es el contralor general de la república.

Escribe: 
Augusto Álvarez Rodrich

La difusión de un nuevo audio grabado por Edgar Alarcón, esta vez al premier Fernando Zavala, lleva a reflexionar sobre la validez de esta herramienta para probar un delito o infracción, pero no debe dejar duda de que constituye una evidencia más de que el aún contralor es un crápula que se mueve por la cloaca de la ilegalidad.

Lo anterior es el primer punto que debe destacarse en el contexto de los destapes que significan los audios grabados y divulgados por Alarcón a través de un medio de comunicación.

Penetrar en la privacidad de una persona sin su permiso, por distintos modos, interceptando un teléfono o email, o grabando una conversación privada por uno de los que dialogan, para luego extorsionarla, es un delito.

Pero la difusión del audio no debe ser un delito. Los políticos han realizado varios intentos para condenar, hasta con cárcel, al periodista que difunda un audio, y los periodistas hemos defendido el derecho a hacerlo siempre que se cumpla el requisito de que haya un interés público en esta invasión de la privacidad. Por ejemplo, como ocurrió con los ‘petroaudios’.

Chuponear a alguien por el teléfono o su correspondencia escrita o digital, o grabarlo en una conversación en la que hasta se le induce a decir algo para luego extorsionarlo, como es obvio que lo ha hecho de manera sistemática el aún contralor Edgar Alarcón, es un delito que en su caso se agrava por ser uno de los funcionarios más importantes del Estado para supervisar el cumplimiento de la legalidad, como lo es el contralor general de la república.

Desde que se difundió el audio de la conversación entre Alarcón y el ahora ex ministro Alfredo Thorne, esta columna ha señalado que en el mismo no hay ningún delito ni ilegalidad más allá de algunas frases que, sacadas fuera del contexto de toda la conversación, pueden servir para paralizar a quien se le oponga. Lo mismo opina este espacio de lo oído en su conversación con Zavala.

Alarcón debe ser removido a la brevedad posible porque ha demostrado ser, de muchas maneras, un bribón y un rufián, es decir, una persona sin honor, perversa y despreciable.

El problema, sin embargo, es el riesgo de los que voten por removerlo, pues parece que Alarcón tiene una rockola y un equipo asesor con unos bribones comprobados en el arte de moverse por el desagüe de la política.

Para decirlo sin muchos rodeos: ¿A cuántos y a qué fujimoristas también grabó Alarcón, por ejemplo, armando planes contra el gobierno, lo cual impide a Fuerza Popular votar por sacarlo del puesto de contralor?

 

 

Título original: "¿A quién más ha grabado este Alarcón?",

 por Augusto Álvarez Rodrich,  La República,

 junio 30 de 2017.

 

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der, y como en los años noventa la prensa independiente ha 

empezado a identificar a operadores y operaciones. Es cierto 

que el principal activista de este grupo desestabilizador es 

el mismo contralor, que ya actúa desembozadamente como 

un miembro más del fujimorismo, como en su época lo fueron 

el contralor Caso Lay o el jefe de la ONPE Portillo Campbell, 

pero las ramificaciones de este aparato son más profundas y 

peligrosas. Las funciones de una institución encargada de vigi

lar el correcto uso de los recursos públicos han sido perverti

das para perjuicio de la democracia... Ampliar lectura.

¿Existen realmente los partidos, como debe ser, con sus militantes biométricamente probados? Si la respuesta es NO. ¿Por qué exigirle pruebas cada vez más inalcanzables a los nuevos?

El 4% de firmas del padrón electoral que se exige en el Perú no tiene parangón en la región. En Colombia y en Ecuador se pide el 1.5% del padrón. En la última elección presidencial en Chile bastaban 18,500 firmas, equivalentes al 0.5% de los electores que votaron en la última elección. En Francia se piden 500 firmas de autoridades, alcaldes, personalidades y funcionarios (los “electores calificados”) para inscribir un partido.  

En el Perú se plantea como prueba, 733,716 firmas válidas (antes 40,000), equivalentes a 2 millones de firmas. El objetivo principal, poner limite al ejercicio de sus derechos constitucionales a los ciudadanos, al bloquear el acceso al sistema electoral de políticos que mayor respaldo tienen de los ciudadanos, ejemplo: Verónica Mendoza y Julio Guzmán, que alcanzan 29% y 30%, más de la mitad de la población.

 ¿Puede el sistema vigente demostrar hoy, la existencia de un partido? La respuesta es rotunda: NO. Salvo que las firmas sean validadas por un perito grafólogo, pero eso supone tiempo y dinero. Hoy, si una firma presentada se parece a la registrada en la Reniec se la declara “válida”. El sistema no sirve, pero en cambio ha creado un próspero mercado negro de falsificación de firmas.

Si a ello le añadimos los S/ 0.88 por la verificación de cada firma adicional, la inscripción queda reservada a las organizaciones que tienen mucho dinero o que lo obtienen vendiendo favores a sus financistas (corrupción). Ejemplo: Odebrecht y su sistema de sobornos principalmente a través del financiamiento de las campañas de políticos. 

La Constitución califica como nulo y punible todo acto que prohíba o limite el ejercicio de sus derechos a los ciudadanos.

Escribe:
Nelson Manrique

Esta semana debe debatirse en el Parlamento la reforma del sistema electoral. Lo que allí se decida tendrá vastas consecuencias.

La Constitución califica como nulo y punible todo acto que prohíba o limite el ejercicio de sus derechos a los ciudadanos. Reconoce el derecho de estos a ejercerlos individualmente o a través de organizaciones políticas, como partidos, movimientos o alianzas, que “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular”. Señala que estas deben tener inscripción en el registro correspondiente y encomienda al Estado la tarea de asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos.

Un problema de partida es asegurar que las organizaciones políticas que solicitan la inscripción existen realmente. En el Perú se plantea como prueba que las organizaciones presenten un determinado número de firmas, inicialmente 40,000, que fueron siendo elevadas hasta llegar a 733,716, el 4% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. En general, las organizaciones que tienen inscripción electoral están por mantener este sistema, que, aseguran, evita la dispersión y la falta de organicidad de los partidos y previene taras como el transfuguismo. El problema es que en 40 años el sistema no ha funcionado y los problemas señalados no se han resuelto.

En realidad poner una barrera de inscripción inalcanzable hoy tiene como objetivo principal bloquear el acceso al sistema electoral a los políticos que mayor respaldo tienen de los ciudadanos: Verónica Mendoza y Julio Guzmán, que alcanzan 29% y 30% de respaldo, según la encuesta publicada por Ipsos el domingo. Vetarlos sería anular el derecho de más de la mitad de la población de elegir al representante de su preferencia.

El sistema vigente perpetúa la existencia de organizaciones fantasmas, que en muchos casos no tienen existencia real pero tienen inscripción, lo cual les permite ofrecerse como “vientre de alquiler” a organizaciones que tienen adherentes pero no tienen la inscripción legal. Se pervierte así cada vez más el sistema de representación.

Según los especialistas, para obtener 733,716 firmas válidas es necesario presentar 2 millones. Encima se debe pagar S/ 0.88 por la verificación de cada firma adicional (un pago que hasta las elecciones del 2006 era de S/ 0.10). Así, la inscripción queda reservada a las organizaciones que tienen mucho dinero o que lo obtienen vendiendo sus favores con la promesa de que van a pagar a sus financistas con el acceso a los recursos del erario público, así que lleguen al poder. Este es uno de los caminos más seguros para la penetración de la corrupción. Odebrecht montó su sistema de sobornos principalmente a través del financiamiento de las campañas de políticos que aspiraban al poder.

El 4% de firmas del padrón electoral que se exige en el Perú no tiene parangón en la región. En Colombia y en Ecuador se pide el 1.5% del padrón. En la última elección presidencial en Chile bastaban 18,500 firmas, equivalentes al 0.5% de los electores que votaron en la última elección. En Francia se piden 500 firmas de autoridades, alcaldes, personalidades y funcionarios (los “electores calificados”) para inscribir un partido.

¿Puede el sistema vigente demostrar la existencia de un partido? Fernando Tuesta, nuestro mejor especialista en cuestiones electorales y expresidente de la ONPE, responde rotundamente que no. Las firmas que las organizaciones entregan para inscribirse deberían ser validadas por un perito grafólogo, pero eso supone tiempo y dinero. Con 2 millones de firmas que cada organización debería presentar, no hay cómo hacerlo en un tiempo prudencial y a costos razonables. Hoy, si una firma presentada se parece a la registrada en la Reniec se la declara “válida”, que es una manera de eludir pronunciarse sobre si es verdadera o falsa. El sistema no sirve, pero en cambio ha creado un próspero mercado negro de falsificación de firmas.

¿Qué hacer? Tuesta plantea, y concuerdo con él, que debiera suprimirse el requisito de las firmas porque no sirve. Tuesta propone algunas alternativas perfectamente viables y más efectivas: por ejemplo, establecer una cantidad de militantes identificados biométricamente. O que los partidos convoquen a elecciones internas simultáneas y abiertas, organizadas por los organismos electorales, con una participación de una cantidad razonable de electores para probar que verdaderamente existen. Otra posibilidad es cambiar la “barrera de acceso” por una “barrera de permanencia”: que las organizaciones políticas demuestren su existencia a través del respaldo que les otorguen los electores.

Suprimir el requisito de las firmas es el primer paso imprescindible para “sincerar” nuestro sistema electoral y para permitir que sirva a la democracia, en lugar de burlarla.

  

Título original: "Barreras contra la democracia",

 por Nelson Manrique, La República,

 Mayo 16 de 2017
 

Cierto, ya que ellos no lo harán. ¿Por qué no proponer una verdadera Reforma Electoral mediante referéndum, que nos garantice una mejor calidad de nuestros representantes?

Desde hace muchos años se discute la necesidad de cambiar las reglas electorales. Lamentablemente hemos sido víctimas del gatopardismo pero nunca de verdaderas reformas. ¿El resultado? El crimen organizado financiando campañas, partidos políticos de papel, pésima calidad de elegidos, solo por mencionar algunas de las causas por las que el desafecto por la democracia y, en general, por la política, es tan extendido en el Perú... 

¿Cuáles son los problemas que hay que atacar? Primero, la plata. Segundo, la competencia. Tercero, los competidores. La plata debe ser limpia, la competencia abierta y los competidores calificados. 

¿La plata? Mientras no entre dentro del Código Penal la sanción al delincuente, todo es papel mojado en tinta. Ningún proyecto incluye sanciones penales por uso o recepción de fondos de campaña... Hace meses que Transparencia pide una prohibición para que condenados integren listas, ¿ustedes creen que se ha puesto a discusión? Si un condenado corrupto puede ser candidato, ¿podemos hablar de reforma electoral? Así las cosas, no extraña que el pedido del Ejecutivo para levantar el secreto bancario de candidatos y ser sometidos a la Unidad de Inteligencia Financiera haya causado pánico en los pasillos del Congreso.

Escribe:
Rosa María Palacios

La respuesta a la pregunta de este artículo es bien simple: porque nosotros las escogimos. No parece haber ahí más que decir. Si no nos gustan, mala suerte. Si fueron elegidas en elecciones libres, no queda más que esperar que concluya su mandato, salvo que violen la ley. Pero esta democrática respuesta esconde una verdad por la que los peruanos venimos sufriendo hace décadas. Los electores no escogen las reglas con las que son elegidos sus representantes. ¿Cómo? Así es. Las leyes las hace el Congreso, por tanto, son los legisladores los que deciden las reglas con las que ellos mismos serán elegidos. Ellos y solo ellos.

Así, tenemos la ilusión de escoger, pero otros escogen las reglas del juego. Las reglas para llegar al poder no son un detalle menor. Son toda la diferencia. Por ejemplo, si el JNE no hubiera sacado de carrera a Guzmán o Acuña, ¿sería Kuczynski presidente? Nadie lo puede saber, pero es un hecho que no fue la voluntad popular la única que determinó el resultado final. También lo son las reglas. Como en cualquier espacio de la vida, las reglas importan más que cualquier otra fuerza para encauzar un resultado.

Si tenemos y hemos tenido pésimos representantes, en todos los niveles de gobierno, no es solo culpa de un pueblo mal educado. Las reglas, hechas por ellos mismos para preservar al máximo su poder, también tienen la culpa. El voto popular puede ser educado pero más importante es mirar las reglas que permitieron llegar al poder a decenas de autoridades que hoy están purgando condena, se encuentran en prisión preventiva o están afrontando procesos con resultados predecibles.

Desde hace muchos años se discute la necesidad de cambiar las reglas electorales. Lamentablemente hemos sido víctimas del gatopardismo pero nunca de verdaderas reformas. ¿El resultado? El crimen organizado financiando campañas, partidos políticos de papel, pésima calidad de elegidos, solo por mencionar algunas de las causas por las que el desafecto por la democracia y, en general, por la política, es tan extendido en el Perú.

¿Esto puede cambiar? Lamento ser pesimista. Cambiará y solo cambiará si a Keiko Fujimori le complace. Tal vez no se perciba aún, pero Fujimori es la jefa de facto de una dictadura parlamentaria. Con 72 votos, que considera de su propiedad y que maneja como un disciplinado ejército, no creo que una reforma real a las reglas del juego sea posible en tanto perjudique la forma en la que ella quiere jugar su propio juego.

Más allá del proyecto del Ejecutivo, presentado de sorpresa esta semana, o de los berrinches de la congresista Donayre, nada va a cambiar en el Congreso que sea sustancial. La Sub Comisión Electoral de la Comisión de Constitución hará su dictamen, se discutiría y más allá de poner en un solo código todas las normas electorales (y meter unos contrabandos para achicar el número de competidores) no habrá más.

¿Cuáles son los problemas que hay que atacar? Primero, la plata. Segundo, la competencia. Tercero, los competidores. La plata debe ser limpia, la competencia abierta y los competidores calificados. Fácil escribir, más difícil hacer. ¿La plata? Mientras no entre dentro del Código Penal la sanción al delincuente, todo es papel mojado en tinta. Ningún proyecto incluye sanciones penales por uso o recepción de fondos de campaña. ¿Abrir la competencia? El proyecto del Ejecutivo quiere reducir el número de firmas y la respuesta ha sido un desmayo parlamentario que, por el contrario, solo aspira a reducir la competencia. ¿Calificar a los competidores? Hace meses que Transparencia pide una prohibición para que condenados integren listas, ¿ustedes creen que se ha puesto a discusión? Si un condenado corrupto puede ser candidato, ¿podemos hablar de reforma electoral? ¿En serio? Así las cosas, no extraña que el pedido del Ejecutivo para levantar el secreto bancario de candidatos y ser sometidos a la Unidad de Inteligencia Financiera haya causado pánico en los pasillos del Congreso.

Tal vez la propia presidenta de la Sub Comisión de Reforma Electoral represente mejor que nadie la debilidad de nuestra democracia. Ha postulado cinco veces al Congreso. En cada ocasión por una organización política distinta. Con estos antecedentes políticos acusa al proyecto del Ejecutivo de “improvisación”. Nada menos.

No podemos esperar casi nada. Uno que otro arreglo a conveniencia de alguien, pero nada más. ¿Hay salida? Sí, pero es larga, compleja, confrontacional, obliga a consensos populares, nuevos liderazgos y que solo acompañada de la convicción de que “otorongo no come otorongo” puede triunfar. Una reforma electoral, aprobada por referéndum, se salta el obstáculo de la actual representación. Todos saben que es casi imposible conseguir las firmas del 10% del padrón electoral, pero la dejo anotada por si alguien se anima a cambiar el mundo. Nunca se sabe.

  

Título original: "¿Por qué nos representan estas autoridades?",

  por Rosa María Palacios, La República,

 abril 30 de 2017