¿Existen realmente los partidos, como debe ser, con sus militantes biométricamente probados? Si la respuesta es NO. ¿Por qué exigirle pruebas cada vez más inalcanzables a los nuevos?

El 4% de firmas del padrón electoral que se exige en el Perú no tiene parangón en la región. En Colombia y en Ecuador se pide el 1.5% del padrón. En la última elección presidencial en Chile bastaban 18,500 firmas, equivalentes al 0.5% de los electores que votaron en la última elección. En Francia se piden 500 firmas de autoridades, alcaldes, personalidades y funcionarios (los “electores calificados”) para inscribir un partido.  

En el Perú se plantea como prueba, 733,716 firmas válidas (antes 40,000), equivalentes a 2 millones de firmas. El objetivo principal, poner limite al ejercicio de sus derechos constitucionales a los ciudadanos, al bloquear el acceso al sistema electoral de políticos que mayor respaldo tienen de los ciudadanos, ejemplo: Verónica Mendoza y Julio Guzmán, que alcanzan 29% y 30%, más de la mitad de la población.

 ¿Puede el sistema vigente demostrar hoy, la existencia de un partido? La respuesta es rotunda: NO. Salvo que las firmas sean validadas por un perito grafólogo, pero eso supone tiempo y dinero. Hoy, si una firma presentada se parece a la registrada en la Reniec se la declara “válida”. El sistema no sirve, pero en cambio ha creado un próspero mercado negro de falsificación de firmas.

Si a ello le añadimos los S/ 0.88 por la verificación de cada firma adicional, la inscripción queda reservada a las organizaciones que tienen mucho dinero o que lo obtienen vendiendo favores a sus financistas (corrupción). Ejemplo: Odebrecht y su sistema de sobornos principalmente a través del financiamiento de las campañas de políticos. 

La Constitución califica como nulo y punible todo acto que prohíba o limite el ejercicio de sus derechos a los ciudadanos.

Escribe:
Nelson Manrique

Esta semana debe debatirse en el Parlamento la reforma del sistema electoral. Lo que allí se decida tendrá vastas consecuencias.

La Constitución califica como nulo y punible todo acto que prohíba o limite el ejercicio de sus derechos a los ciudadanos. Reconoce el derecho de estos a ejercerlos individualmente o a través de organizaciones políticas, como partidos, movimientos o alianzas, que “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular”. Señala que estas deben tener inscripción en el registro correspondiente y encomienda al Estado la tarea de asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos.

Un problema de partida es asegurar que las organizaciones políticas que solicitan la inscripción existen realmente. En el Perú se plantea como prueba que las organizaciones presenten un determinado número de firmas, inicialmente 40,000, que fueron siendo elevadas hasta llegar a 733,716, el 4% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. En general, las organizaciones que tienen inscripción electoral están por mantener este sistema, que, aseguran, evita la dispersión y la falta de organicidad de los partidos y previene taras como el transfuguismo. El problema es que en 40 años el sistema no ha funcionado y los problemas señalados no se han resuelto.

En realidad poner una barrera de inscripción inalcanzable hoy tiene como objetivo principal bloquear el acceso al sistema electoral a los políticos que mayor respaldo tienen de los ciudadanos: Verónica Mendoza y Julio Guzmán, que alcanzan 29% y 30% de respaldo, según la encuesta publicada por Ipsos el domingo. Vetarlos sería anular el derecho de más de la mitad de la población de elegir al representante de su preferencia.

El sistema vigente perpetúa la existencia de organizaciones fantasmas, que en muchos casos no tienen existencia real pero tienen inscripción, lo cual les permite ofrecerse como “vientre de alquiler” a organizaciones que tienen adherentes pero no tienen la inscripción legal. Se pervierte así cada vez más el sistema de representación.

Según los especialistas, para obtener 733,716 firmas válidas es necesario presentar 2 millones. Encima se debe pagar S/ 0.88 por la verificación de cada firma adicional (un pago que hasta las elecciones del 2006 era de S/ 0.10). Así, la inscripción queda reservada a las organizaciones que tienen mucho dinero o que lo obtienen vendiendo sus favores con la promesa de que van a pagar a sus financistas con el acceso a los recursos del erario público, así que lleguen al poder. Este es uno de los caminos más seguros para la penetración de la corrupción. Odebrecht montó su sistema de sobornos principalmente a través del financiamiento de las campañas de políticos que aspiraban al poder.

El 4% de firmas del padrón electoral que se exige en el Perú no tiene parangón en la región. En Colombia y en Ecuador se pide el 1.5% del padrón. En la última elección presidencial en Chile bastaban 18,500 firmas, equivalentes al 0.5% de los electores que votaron en la última elección. En Francia se piden 500 firmas de autoridades, alcaldes, personalidades y funcionarios (los “electores calificados”) para inscribir un partido.

¿Puede el sistema vigente demostrar la existencia de un partido? Fernando Tuesta, nuestro mejor especialista en cuestiones electorales y expresidente de la ONPE, responde rotundamente que no. Las firmas que las organizaciones entregan para inscribirse deberían ser validadas por un perito grafólogo, pero eso supone tiempo y dinero. Con 2 millones de firmas que cada organización debería presentar, no hay cómo hacerlo en un tiempo prudencial y a costos razonables. Hoy, si una firma presentada se parece a la registrada en la Reniec se la declara “válida”, que es una manera de eludir pronunciarse sobre si es verdadera o falsa. El sistema no sirve, pero en cambio ha creado un próspero mercado negro de falsificación de firmas.

¿Qué hacer? Tuesta plantea, y concuerdo con él, que debiera suprimirse el requisito de las firmas porque no sirve. Tuesta propone algunas alternativas perfectamente viables y más efectivas: por ejemplo, establecer una cantidad de militantes identificados biométricamente. O que los partidos convoquen a elecciones internas simultáneas y abiertas, organizadas por los organismos electorales, con una participación de una cantidad razonable de electores para probar que verdaderamente existen. Otra posibilidad es cambiar la “barrera de acceso” por una “barrera de permanencia”: que las organizaciones políticas demuestren su existencia a través del respaldo que les otorguen los electores.

Suprimir el requisito de las firmas es el primer paso imprescindible para “sincerar” nuestro sistema electoral y para permitir que sirva a la democracia, en lugar de burlarla.

  

Título original: "Barreras contra la democracia",

 por Nelson Manrique, La República,

 Mayo 16 de 2017