La fusión APRA-PPC ¿La hipótesis del "Little Bang" de los partidos?

A 4.99% de la extinción total. En el mundo animal es fácil saber quién es el más grande y quién el más pequeño. En la política, no.
Atravesando su peor crisis de liderazgo, con su cúpula enfrentada en público con calificativos que van más allá de la contienda natural, el PPC, minimizado electoralmente, se va de la mano de un líder a quien investigó y acusó constitucionalmente por ladrón. Enriquecimiento ilícito fue la acusación de Lourdes Flores a Alan García en 1991. ¿Prescribe acaso la moral?
¿Fue el PPC el partido más grande del Perú? No. Pero conoció momentos de enorme grandeza, cosa que otras fuerzas políticas jamás tuvieron. Hoy, ¿sus 50 años de historia serán tirados a la basura?

Escribe:
Rosa María Palacios

En la naturaleza, el animal más grande se come al más chiquito para poder sobrevivir. Así funciona la cadena alimenticia y así funciona la política. Sin embargo, en el mundo animal es fácil saber quién es el más grande y quién el más pequeño. En la política, no.

¿Quién es más grande? ¿El partido que llega más veces al poder o permanece más tiempo en él y saquea –o permite el saqueo– del fisco? ¿O el partido que jamás llega al poder, pero que tiene un porcentaje de votos sólidos, que aprecian la formación de sus cuadros y la honradez de sus líderes? Dependerá de lo que se entienda por grandeza, ¿verdad?

Mientras esto escribo, sábado [13], no se ha cerrado aún el plazo para inscribir alianzas electorales. Eso sucederá en unas horas. No se confirma aún la alianza del Apra con dos partidos que llevará de socios: El PPC y Vamos Perú. Sin embargo, el mismo Alan García anunció que las conversaciones estaban ya muy avanzadas. Parece un hecho consumado.

Si no hay un milagro, el PPC será aliado del Apra el 2016. Atravesando su peor crisis de liderazgo, con su cúpula enfrentada en público con calificativos que van más allá de la contienda natural, el PPC, minimizado electoralmente, se va de la mano de un líder a quien investigó y acusó constitucionalmente por ladrón. Porque esa fue la acusación de Lourdes Flores a Alan García en 1991: Enriquecimiento ilícito. ¿Prescribe acaso la moral?

Luego de estas elecciones, en el supuesto de que García saque más del 5%, ambos partidos habrán salvado la inscripción. ¿Para qué? ¿Para ser gobierno? Dudosa apuesta. ¿Para tener una gran bancada parlamentaria? Más dudosa aún. Porque si lo que era inmoral, ya no es inmoral, entonces los votos del PPC se irán a Fujimori, a Acuña o a PPK. ¿Si todo es lo mismo? Mejor votar por el animal más grandote. Y ese, hoy, no es García.

¿Con qué cara Lourdes Flores va a criticar al fujimorismo si entre sus nuevos socios está Alex Kouri, el hombre al que tan cercanamente como el 2010, presentó como la antítesis de la honradez que ella representaba como candidata a la alcaldía de Lima? La política entendida como un “Vale Todo” puede ser la política que rige en una organización chalaca como Vamos Perú, o la política del Apra de García, donde no hay doctrina, ni principio y todo cambia según se mueva el viento. Pero ese no era el PPC.

El PPC fue, en momentos críticos, un faro jurídico que orientó al país en medio de la tormenta. En la dictadura militar, en la Constituyente de 1978, en el retorno a la democracia, en la lucha contra la estatización de la banca de García, en el golpe de Fujimori (con los dos presidentes de Cámaras pepecistas encarcelados en sus casas), en la defensa de los magistrados del TC defenestrados por Fujimori, en las calles el 2000 y 2001, en el apoyo al gobierno de transición, en la lucha por generar consensos nacionales. Hasta para salvar Lima de una revocatoria absurda. Ahí estuvo el PPC. Siempre del lado correcto en las grandes causas ¿Fue el partido más grande del Perú? No. Pero conoció momentos de enorme grandeza, cosa que otras fuerzas políticas jamás tuvieron. Hoy, ¿sus 50 años de historia serán tirados a la basura?

El PPC también conoció profundas humillaciones infligidas por Alan García. “La candidata de los ricos” llamó a Lourdes Flores. ¿Y ahora quiere ser socio de ella? Después de demolerla con mentiras, bajezas e infamias, como hace con cuanta mujer asoma la cabeza a la lucha presidencial. Y ella, ¿quiere ser socia del hombre que conmutó penas a más de 3,000 narcotraficantes? Un hombre, ella lo sabe porque lo ha sufrido, mentiroso, malvado y manipulador, para el cual “el fin justifica los medios” en abierta disonancia con la doctrina social de la iglesia que ella decía adscribir.

“En política no se puede ser ingenuo”, dijo Alan García justificando su mentira electoral en 1988 cuando pretendió estatizar la banca. Que lo recuerden los pepecistas.

La pequeñez comiéndose a la grandeza. Qué tristeza.

Rosa María Palacios

"Grandeza y pequeñez", publicado por

 La República, diciembre 13 de 2015.

¿Por qué los políticos que encabezan las encuestas no nos hablan de reforma? ¿Agotado ya este ciclo de crecimiento?

Instalar una lógica de cambio en el debate público es fundamental, así lo exigen la desaceleración de la economía, la inseguridad, la corrupción y la inoperancia de la mayoría de instituciones, especialmente de aquellas relacionadas a la justicia y a la transparencia pública... Pero, ¿por qué los políticos parecen congelados en en los años 2006 y 2011, persistiendo en un debate electoral sobre estabilidad/continuidad...? No se están imaginando el futuro y este sí es un asunto grave para un régimen democrático que agota un ciclo de 15 años y que debe empezar otro... Es inocultable que los discursos electorales están rehuyendo asuntos claves como la formación de un nuevo consenso alrededor del crecimiento; o qué hacer eficazmente para rebajar los índices de delito e impunidad en alza, solo por citar dos asuntos cruciales... Entretanto, un carnaval populista en el horizonte, espera muy bien reemplazar esa mala palabra en el diccionario político.

Escribe: 
Juan de la Puente
 
La próxima semana los 5 candidatos presidenciales mejor ubicados en las encuestas sobre intención de voto expondrán en CADE 2015 los avances de sus planes de gobierno. No será un debate cara a cara pero será la primera oportunidad para compulsar los contenidos de las opciones para el próximo quinquenio.

Este primer encuentro es tan inédito como el proceso electoral mismo que vivimos. El lema de CADE “El Perú necesita cambios para seguir creciendo” contrasta con la timidez de los políticos para proponerlos. Esta brecha, entre política vacilante vs instituciones que demandan transformaciones, resume un impensado cambio de roles que la crisis política está fraguando.

En las elecciones del 2006 y 2011, el mercado se situó en una posición recelosa del cambio y fueron los líderes políticos los que impulsaron el debate sobre los ajustes al llamado “modelo” y en menor medida la reforma de las instituciones. Ahora, a pesar de un proceso crítico a cuestas, son los políticos los recelosos de las reformas y estas son sugeridas desde otros lados del escenario. Por ejemplo, las propuestas de reforma electoral fueron impulsadas por los organismos electorales a la cabeza de una colación de instituciones que integran la Plataforma por la Reforma Política y Electoral, la misma que jaló a un Congreso remolón y disgustado en las 5 normas dictadas este año.

Mientras la política parece congelada en los años 2006 y 2011, persistiendo en un debate electoral sobre estabilidad/continuidad, se acrecienta la exigencia de propuestas precisas frente a la desaceleración de la economía, la inseguridad, la corrupción y la inoperancia de la mayoría de instituciones, especialmente de aquellas relacionadas a la justicia y a la transparencia pública.

Las teorías del cambio –que enfatizan en el liderazgo de los actores y en su audacia, y la capacidad para fijar estrategias que encaren las contingencias– anotan que las crisis activan un menú de ofertas que inciden en el inicio de grandes procesos de reforma, útiles sobre todo para la primera fase que los cambios implican, es decir, la transición y sus incertidumbres.

Eso no está sucediendo. Instalar una lógica de cambio en el debate público es fundamental como una condición de vigencia de la democracia en el siguiente período. Es también necesario para evitar un carnaval populista que reemplace el horizonte de las reformas, las manosee y finalmente las paralice. En menos de 4 meses, se han presentados en el Congreso 380 proyectos de ley que podrían acabar en un frenesí de decisiones que no se inscriben ciertamente en una reforma institucional. La creación masiva de distritos –nueve en una semana– y la posibilidad de que Ventanilla pase a ser provincia sin mayores estudios, en medio de la campaña electoral hacen prever un camino conocido: clientelismo en lugar de reformas.

¿Por qué los políticos que encabezan las encuestas no nos hablan de reforma? La primera explicación es que la campaña se ha iniciado. Este argumento suena a coartada. Siendo cierto el retraso en la elaboración de los planes a detalle, es inocultable que los discursos electorales están rehuyendo asuntos claves como la formación de un nuevo consenso alrededor del crecimiento, agotado ya este; o qué hacer eficazmente para rebajar los índices de delito e impunidad en alza, solo por citar dos asuntos cruciales.

Más allá de la vigilancia de las formas, que es también importante, la vigilancia de los contenidos se convierte en un desafío básico de la campaña. Los políticos no se están imaginando el futuro y este sí es un asunto grave para un régimen democrático que agota un ciclo de 15 años y que debe empezar otro. Es probable que esto también se deba a la total entrega de los líderes al marketing político, pero no es menos cierto que revela la falta de grandes ilusiones y de compromisos personales. No parece ser un asunto de pegada sino de llegada, es decir, de horizonte y perspectiva, una falta de apuesta a la Fortuna, Virtù y Gloria, a decir de Maquiavelo.

Juan de la Puente

"Agárrate del cambio, ahora",

 La República, noviembre 27 de 2015
 

El CNM necesita de instituciones fiables que designen a sus miembros: como el TC, la Defensoría del Pueblo y el BCR

No sólo políticos, jueces y fiscales tienden a desarrollar lógicas corporativas, elitistas y excluyentes en nuestro ordenamiento constitucional: también la sociedad civil con la captura de espacios participativos por minorías activas, grupos mafiosos y élites locales. Es el caso de muchos rectores de universidades públicas y privadas que lejos están de representar los intereses ciudadanos; o de colegios profesionales capturados por minorías bien organizadas que buscan llegar al CNM porque la perciben como fuente de enriquecimiento mediante prácticas corruptas. Si los colegios profesionales no funcionan bien, ¿tiene sentido insistir en su protagonismo? ¿Y en el de los rectores de las universidades?

Escribe:  
Martín Tanaka

En nuestro ordenamiento constitucional se busca cierto equilibrio entre la autonomía con la que deben contar tanto los representantes electos como otras autoridades, y la participación de la sociedad civil. Parece una buena idea: los políticos, jueces y fiscales tienden a desarrollar lógicas corporativas, elitistas y excluyentes que buscan ser contrarrestadas con diferentes mecanismos de control y participación ciudadana. Así, por ejemplo, creamos instituciones como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde cinco de sus siete miembros provienen de la sociedad civil (colegios de abogados, otros colegios profesionales, rectores de universidades privadas y públicas).

Pero así como los políticos y corporaciones como la que componen jueces y fiscales pueden desarrollar lógicas cerradas y excluyentes, también la sociedad civil. Los espacios participativos pueden ser capturados por minorías activas, por grupos mafiosos, por élites locales. Los debates recientes sobre la aplicación de la nueva ley universitaria han puesto de manifiesto que muchos rectores de universidades públicas y privadas están muy lejos de representar los intereses ciudadanos y de velar por la defensa de los intereses generales de sociedad. En el mismo sentido, los colegios profesionales no siempre representan a los egresados y graduados de las universidades, y están muy lejos de velar por el cumplimiento de altos estándares éticos, académicos y profesionales. Es más, se percibe que algunas de esas instancias han sido capturadas por minorías bien organizadas que buscan llegar al CNM porque la perciben como fuente de enriquecimiento mediante prácticas corruptas. Afortunadamente, es también la presión de otras instancias de la sociedad civil la que ha permitido contener algunas de sus muestras más escandalosas.

Pero más allá de pedir la renuncia de los actuales miembros del CNM, acaso corresponda repensar la manera en que se les elige. Y no parece ser suficiente pedir elecciones directas, universales y secretas de los representantes de los colegios profesionales. Si los colegios no funcionan bien, ¿tiene sentido insistir en su protagonismo? ¿Y en el de los rectores de las universidades?

Recientemente, la Asociación Civil Transparencia, de la que formo parte, ha sometido al debate una reforma del CNM, basada en la idea de que su conformación debería basarse en instituciones que han demostrado mejores estándares de desempeño: así, se propone una conformación donde se mantiene la presencia de un miembro designado por la Corte Suprema, pero los otros serían designados por el Tribunal Constitucional, por la Defensoría del Pueblo, por el Banco Central de Reserva, y tres miembros seleccionados en concurso público organizado por el JNE con el soporte organizativo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Por supuesto que es una propuesta perfectible, lo importante es abrir un debate más sustantivo sobre las reformas necesarias para mejorar el acceso a la justicia en el país.

Martín Tanaka

"Sociedad civil: luces y sombras" Publicado por:

La República, noviembre 15 de 2015
 

El efecto petroaudios: ¿Honor, Intimidad, Patrimonio?

¡No a la mordaza intimidatoria! Si el esperpento Velázquez prosperara: “ El que, indebidamente, difundiera la grabación de una conversación personal, telefónica, audiovisual u otra análoga, sin el consentimiento de su interlocutor, salvo resolución judicial, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de seis años...”

Velásquez dice que su proyecto de ley busca actualizar el artículo 164 del Código Penal, que sanciona la publicación indebida de correspondencia epistolar o telegráfica. Sin embargo, en la exposición de motivos de su proyecto no hay una sola línea que haga referencia a tal artículo 164. Foto: La República.

Escribe:
Augusto Álvarez Rodrich

No es la primera ni será la última, pero acaba de aparecer otra amenaza a la libertad de expresión que debe ser rechazada.

Esta vez viene desde el Apra, y específicamente por iniciativa del congresista Javier Velásquez Quesquén, quien es, curiosamente, alguien respetuoso y tolerante a la crítica y el punto de vista opuesto, a diferencia de algunos ‘compañeros’ suyos que, en estos asuntos de discrepancia, prefieren la cachiporra prepotente del atajo hacia la censura, antes que la persuasión del argumento.

Velásquez Quesquén presentó el 7 de octubre, en complicidad –perdón, con el respaldo– de la bancada de Concertación Parlamentaria, una iniciativa para poder meter a la cárcel, por entre cuatro y ocho años, a los periodistas que difundan audios de conversaciones personales.

Este proyecto pretende insertar un nuevo artículo al código penal (162-B), que quedaría, si finalmente se aprueba este esperpento, redactado de la siguiente manera:
“Artículo 162-B. Difusión indebida de comunicaciones. El que, indebidamente, difunde la grabación de una conversación personal, telefónica, audiovisual u otra análoga, sin el consentimiento de su interlocutor, salvo resolución judicial, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de seis años, siempre que tal difusión afecte el honor, la seguridad personal o el derecho a la intimidad de este último o su familia, o a su patrimonio”.

El ejercicio responsable y con ética del periodismo implica, sin ninguna duda, el respeto al derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas, con lo cual esta iniciativa legislativa tendría fundamento.

Pero un periodismo responsable también reconoce excepciones al derecho a la privacidad y a la intimidad cuando existe un caso de real interés público.

El problema de esta iniciativa legislativa es que apunta a estos últimos casos, constituyendo una amenaza a los periodistas, pues podrían encarcelarlos hasta por nada menos que ocho años si es que, por ejemplo, en esta campaña electoral difunden material como los vinculados a los ‘Petroaudios’, que revelaron una trama mafiosa al interior del segundo gobierno del presidente Alan García; o, para no ir muy lejos, de las conversaciones de Gerald Oropeza que involucren a políticos.

Tal como se ha hecho en esta columna con iniciativas similares previas, como la de la bancada del PPC como reacción a la difusión de los ‘potoaudios’ de Lourdes Flores, que casi la promulga el gobierno actual, hay que oponerse a estas mordazas empaquetadas como proyectos legislativos, en defensa de la libertad de expresión y de investigación de la corrupción, lo cual es sagrado.

 Augusto Álvarez Rodrich 

"Amenaza a la prensa: Iniciativa legislativa contra 

la libertad de expresión", publicado por La República, 

octubre 24 de 2015.

“Si esa norma entrara en vigencia mañana, 

los 'petroaudios' no podrían ser difundidos o 

la gente del Canal 4 se tendría que ir presa. 

Por el audio [de Gerald Oropeza] del 'tío Alan' 
y su batería, tendrían que ir también presos los que

lo difundieron en el Canal 2”, Roberto Pereira. 

especialista en derecho constitucional. Léalo en: 

"‘Ley Velásquez’ pone en serio riesgo la libertad 

de expresión en el Perú", La República, octubre 27 

de 2015

Joseph E. Stiglitz: Los beneficios del TPP para el Perú no están claros y los costos para su economía serán altos.

Los líderes políticos se jactarán de que están promoviendo el bienestar de países y sus pueblos..., pero la realidad es que se ha dado demasiada influencia en las negociaciones a grupos de interés: "...el TPP perpetuaría las ventajas desiguales de compañías de los países avanzados, elevando la protección de los derechos de propiedad intelectual". El resultado: los peruanos estarán enviando cada año grandes cheques de dinero a EEUU, hasta el fin de los tiempos, por el uso de ese conocimiento... Un ejemplo Big Pharma: empujados por los grupos de presión de la industria, los negociadores estadounidenses están presionando a los países del TPP para que acepten protecciones que aumentarán sus ganancias, no por innovar para producir nuevos medicamentos que salven vidas, sino manteniendo a los potenciales competidores, como los genéricos, fuera del mercado y cobrando precios más altos a los consumidores. 

El acuerdo va a ir mucho más allá de una simple reducción de aranceles y cuotas, pues exigirá cambios fundamentales en las instituciones jurídicas, judiciales y reguladoras de cada país, lo que constituye una concesión a los poderosos grupos de presión, que han tenido más acceso al proceso de negociación que los legisladores o los ciudadanos.

Por Joseph E. Stiglitz y Adam S. Hersh

...Considerando la experiencia pasada de los Tratados de Libre Comercio liderados por EEUU, y lo que podemos deducir de documentos filtrados de las negociaciones confidenciales que se están llevando a cabo, es que está claro que los negociadores peruanos están capitulando ante las demandas de las empresas de los países avanzados.

Por lo general, se piensa que en una negociación una de las partes hace algunas concesiones para obtener algo a cambio, pero el Perú ganaría poco con el TPP. Ya cuenta con tratados de libre comercio (TLC) con EEUU, su segundo mayor socio comercial, y otros cinco países miembros del TPP.

La simple pregunta que enfrenta el Perú es si con el TPP estaría mejor que hoy. Ésta es la principal cuestión que deben considerar los negociadores peruanos. Por lo que sabemos a partir de distintas filtraciones de los textos que se están negociando, es probable que lo que se obtenga sea peor. Los beneficios del TPP para el Perú no están claros y los costos para su economía serán francamente altos.

En primer lugar, el TPP perpetuaría las ventajas desiguales de compañías de los países avanzados, elevando la protección de los derechos de propiedad intelectual en formas que aumentan las ganancias de los dueños de la propiedad intelectual, a expensas de todos los demás. Ahora sabemos que lo que separa a los países desarrollados de los países en desarrollo es una brecha en el conocimiento, y este TPP hará que esa brecha sea más difícil de cerrar. El resultado será que los peruanos estarán enviando cada año grandes cheques de dinero a EEUU, hasta el fin de los tiempos, por el uso de ese conocimiento, incluso si se basa en el robo de material genético de la Amazonía peruana.

En esta área, el TPP exige mucho más del Perú de lo que se acordó en el TLC con EEUU en 2009. De hecho, los grupos de la sociedad civil y los líderes del Congreso de EEUU exigieron que el Representante de Comercio –el negociador oficial norteamericano– utilizara ese acuerdo como base del TPP. Pero este Representante, en cambio, se colocó del lado de las grandes empresas del país.

El impacto de tener derechos de propiedad intelectual más estrictos se puede ver más claramente cuando se trata de apreciar cómo se están beneficiando las empresas de "Big Pharma" de las economías avanzadas. Empujados por los grupos de presión de la industria, los negociadores estadounidenses están presionando a los países del TPP para que acepten protecciones que aumentarán las ganancias de Big Pharma, no por innovar para producir nuevos medicamentos que salven vidas, sino manteniendo a los potenciales competidores, como los genéricos, fuera del mercado y cobrando precios más altos a los consumidores.

El TPP logra esto a través de una serie de cambios aparentemente secretos en las reglas –encubiertos además con una jerga oscura relacionada con "vinculación de patentes" y "biológicos"–que en conjunto permitirían a las empresas extender sus monopolios por muchos años más. Esto sería especialmente costoso para el Perú, cuya normativa actual incentiva más el intercambio de datos (data sharing) y la investigación. La empresa Mylan, líder en la fabricación de medicamentos genéricos, ha advertido que el TPP puede, en efecto, hacer cerrar sus relaciones comerciales con los países participantes, lo que significa que no solo los peruanos deberán pagar más por los medicamentos, sino también que algunas medicinas que salvan vidas pueden dejar de estar disponibles.

En segundo lugar, el TPP reduciría la capacidad de los países miembros –entre ellos el Perú– de aprobar normas legales regulatorias para proteger la salud pública, la seguridad y el ambiente, porque crearía mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, que permitirían a los extranjeros demandar al gobierno cuando consideren que alguna regulación afectará sus ganancias. El arbitraje sería privado y vinculante, incluso si el fallo fuera contrario a las leyes nacionales. Y la empresa podría ser compensada, no solo por sus inversiones ya realizadas, sino por la pérdida de sus beneficios “esperados”, aun si sus ganancias se generan por la venta de productos que matan personas y aunque no haya habido discriminación alguna en la regulación nacional.

Estas no son amenazas hipotéticas: ya existen acuerdos de inversión similares y han dado lugar a este tipo de demandas. De hecho, el Perú enfrenta actualmente una demanda por US$ 800 millones de la empresa estadounidense Renco para determinar si Renco puede continuar operando una fundición de metales en La Oroya –que está considerada entre los 10 lugares más contaminados del mundo– y que también busca eludir el pago de compensaciones para las víctimas y para la rehabilitación del sitio.

En otro caso, Australia (al igual que Uruguay, que no es socio del TPP) enfrenta una demanda de las productoras de cigarrillos sobre las etiquetas de advertencia de salud pública en las cajetillas de cigarrillos con el objetivo de frenar el consumo de tabaco. Canadá, bajo amenaza de demanda, se retractó y ya no puso en marcha normas regulatorias similares. Y México se vio obligado a pagar US$ 15 millones después de que los árbitros encontraron equivocada una decisión gubernamental de cerrar un vertedero de residuos tóxicos no permitido que filtraba en las aguas subterráneas.

Éstos son solo algunos de los cientos de casos más graves que los inversores multinacionales han iniciado contra regulaciones de interés público. Los árbitros se pronuncian, con mayor frecuencia de lo que podría pensarse, a favor de los inversores o los gobiernos nacionales optan por llegar a un acuerdo para evitar las presiones legales.

El mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado es exactamente lo opuesto del significado previo de los derechos y obligaciones entre ellos. En el marco del TPP, los gobiernos tendrían efectivamente que pagar a los inversores extranjeros por no contaminar y no perjudicar a la población, en lugar de tener la libertad de regular a las empresas para asegurarse de que no perjudiquen a otros. Los mecanismos de solución de controversias existentes ya son bastante malos. Su expansión radical en virtud del TPP sería desastrosa.

Esto es particularmente importante en el caso del Perú, donde hay una larga historia de abusos contra el medio ambiente y los trabajadores por parte de las empresas. En virtud del TPP, el país podría ser demandado por cualquier cambio en las normas legales para proteger a los trabajadores y el medio ambiente, sin importar cuán razonables o discriminatorias sean, siempre y cuando esto afecte las ganancias de las empresas. Y dificultaría aún más la lucha para mejorar las condiciones laborales y el nivel de vida de los trabajadores, y frenar la explotación insostenible de los activos ambientales del país.

Sin duda, una mayor integración comercial y de inversión con el mundo promete mucho para el Perú, pero el TPP no es el camino para lograrla. No hay evidencia de que este tipo de protección de los inversionistas y los derechos de propiedad aumentarán la inversión extranjera o traerán más innovación para la economía peruana. Lo que hará será asegurarse de que una mayor parte de los salarios de los trabajadores peruanos terminen en los bolsillos de las corporaciones globales y que el Perú ya no tendrá la potestad de volver a establecer las reglas de manera que sirvan mejor a sus ciudadanos, protegiendo su salud y seguridad, el ambiente y los ricos recursos naturales del país, e incluso aseguren la estabilidad de su economía.

Si el presidente Humala quiere hacer lo correcto para el pueblo peruano dará instrucciones a la ministra Silva [Magaly] para que en Attlanta exija que no se retroceda en los términos obtenidos con tanto esfuerzo en el acuerdo entre el Perú y EEUU, se asegure que sus ciudadanos seguirán teniendo acceso a los medicamentos genéricos a precios asequibles, y rechace un TPP que deje el futuro económico del país en manos de los inversionistas de las multinacionales.

Septiembre 29, 2015.

* Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, 

profesor en la Universidad de Columbia 

y economista jefe en el Instituto Roosevelt.

* Adam S. Hersh, Economista senior en el Instituto Roosevelt 

y Académico invitado en la Iniciativa para el Diálogo Político 

de la Universidad de Columbia

Lea la versión completa en:

"Nobel de Economía a Humala: No permitan que el TPP 

encierre al Perú en relaciones comerciales desiguales", 

publicado por La República, septiembre 30 de 2015

"Aquellos ciertos malos magistrados que están desprestigiando al Poder Judicial y al propio Ministerio Público" Mesías Guevara

"...hemos encontrado es una red de corrupción, una red de impunidad. Ambas redes hicieron una alianza estratégica para favorecerse de los fondos públicos ante el amparo de un sistema de control y supervisión bastante débil. LA RED DE MAGISTRADOS QUE QUISO HACERLE BULLING: José Peláez Bardales, con esa insana pretensión de pedir una reparación de 10 millones de soles [por su honor ofendido], lo más curioso es que esta notificación pretendió ingresarla justo a pocas horas de la sustentación del informe. Mariano Portugal amedrentaba a los personajes que llegaban a ser interrogados, y una vez pretendió boicotear la primera citación al contralor Khoury [fraguando] enviándole una carta diciendo que la sesión se había suspendido. Yo soy el presidente de la Comisión, pero él hizo esa carta. Ramos Heredia, denunciándome ante la Comisión de Ética.  Y por supuesto Villa Stein, de insultándome manera sistemática, llegando a la bajeza de intentar bajarme la moral al decir que yo soy un humilde ingeniero y él un gran juez supremo".

Escribe:
Airon Nelson López

Congresista critica nombramientos a dedo en la fiscalía. Rechaza esa irregularidad. La República

El legislador Mesías Guevara afirma que los ex fiscales de la Nación José Peláez y Carlos Ramos; el ex titular del Poder Judicial Javier Villa Stein y el congresista Mariano Portugal intentaron bajarle la moral e intimidarlo psicológicamente. Recomienda cambiar ley de la fiscalía, pues opina que no es posible seguir eligiendo fiscales a dedo.

¿Qué han encontrado en la investigación? Brevemente, ¿qué dice el informe de la Comisión Áncash?

Lo que hemos encontrado es una red de corrupción, una red de impunidad. Ambas redes hicieron una alianza estratégica para favorecerse de los fondos públicos ante el amparo de un sistema de control y supervisión bastante débil. Y lo más lamentable, para mí, es que ciertos malos magistrados no solo están desprestigiando al Poder Judicial, sino al propio Ministerio Público.

Usted ha señalado que estuvo recibiendo intimidaciones y amenazas. ¿Quiénes son las personas que lo han intimidado y amenazado? ¿Son Peláez Bardales y Ramos Heredia?

Ellos son los más resaltantes. Después está el congresista Mariano Portugal que, incluso, cuando llegaban personajes a ser interrogados, los amedrentaba. Como al ex fiscal (José Luis) Checa, que llegó a dar su testimonio. Él lo amedrentó. Portugal ha estado frecuentemente haciendo este tipo de actos.

¿Otro ejemplo?
Una vez trató de boicotear la primera citación que le hicimos al contralor general Fuad Khoury. De manera irresponsable suplantó a la presidencia. Al señor Khoury le mandó una carta diciendo que la sesión se había suspendido. Yo soy el presidente de la Comisión, pero él hizo esa carta.

¿Y Villa Stein?
También, él estuvo permanentemente en la radio, televisión, Facebook y Twitter. También el señor Ramos Heredia, que me denunció ante la Comisión de Ética. José Peláez Bardales, que pretende pedir una reparación de 10 millones de soles, y lo hace a través de un conciliador, no lo hace como congresista sino como persona natural. Y lo más curioso es que esta notificación pretendió ingresarla esta semana, cuando estábamos a pocas horas de la sustentación. Yo deduzco que eso es un tema intimidatorio. Y por supuesto Villa Stein, de manera sistemática me insultó muchas veces, llegando a la bajeza de intimidarme, de bajarme la moral al decir que yo soy un humilde ingeniero y él un gran juez supremo.

Entonces asegura que las personas que lo han tratado de intimidar solo son ellos...
Son solo ellos, no hay otros nombres por el momento. Incluso con mensajes subliminales que decían “Mesías no te pelees con el poder”.

¿Qué clase de amenazas eran? ¿Fueron a través de cartas, mensajes de textos o llamadas?
No, no hay cartas. Han sido directamente. Face to face.

Entonces no hay pruebas físicas...
No, pero están los mensajes del señor Villa Stein que permanentemente me lanzaba en su Facebook y Twitter.

Retomando el tema. ¿Esas intimidaciones y amenazas involucraban algún daño?
No, todo fue psicológico. Porque pedirte 10 millones de soles días antes de la presentación de tu informe es totalmente psicológico. Por otro lado, a través del teléfono siento que estoy siendo chuponeado. Estaba conversando con unos amigos y parecía que estuviera hablando en una pelea de gatos. Se han quedado en la época de la carreta estos chuponeadores.

¿Cuál es su recomendación para reorganizar de forma completa la fiscalía?
En primer lugar hay que cambiar su ley. La fiscalía es muy personalista. Hasta hoy, un fiscal de la Nación puede nombrar o concluir el mandato de un fiscal provisional. Y eso es irregular porque no respetan el proceso administrativo hasta llegar a los registros fiscales. Han nombrado a dedo y es por eso que en la región Áncash el señor Peláez Bardales ha nombrado a fiscales del movimiento Cuenta Conmigo. Hay que quitarles ciertos poderes al fiscal de la Nación y hacer una reestructuración total del Ministerio Público.❧

Mesías Guevara: “Exigir S/. 10 millones de reparación 

poco antes del informe es intimidatorio”

La República, septiembre 19 de 2015

Lea también: 

"Peláez nombró como fiscales a militantes del movimiento de Álvarez"

Estos son: 

- Silvia Maritza Bonifacio Rosas, 

designada como fiscal provisional de Áncash. 

- Augusto Magno Huaroma Vásquez

 como fiscal provisional en el Santa, y 

- Manuel Luis Chávez Ayala, 

fiscal adjunto provincial provisional del distrito 

judicial del Santa y luego en Corongo. 

 - y Hugo Alejandro Hernández Delgado,

 como fiscal 

adjunto provisional de la Fiscalía Provincial Corporativa 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Áncash

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Mirar el pajarito en jueves de superestreno, estreno y reestreno

Como en un listín de cartelera, dos temas estelares cuyos protagonistas quisieran relegar a una discreta penumbra, prevalecen: las agendas atribuidas a Nadine Heredia y los narcoindultos firmados por Alan García.
   Pero como hay atención pública a la cual apelar, y reacciones primarias como el miedo, la ira y la curiosidad morbosa, que satisfacer, otro especialista en series "B" de probado éxito, parece no querer perder su espacio: Así, con no poca fanfarria hace su ingreso el “Chapa tu choro” fujimorista, junto con sus granadas y sus trapos rojos con la hoz y el martillo en diversos puntos de la ciudad, y para no quedarse atrás en su búsqueda de consolidar protagonismo -o regresión pre mortem-, acusa presencia el también fujimorista, Octavio Salazar, con su aparición súbita y sin justificación, en la escena del crimen, el depósito de granadas intervenido en Breña  que resultó siendo local de campaña reciente de su agrupación .Le añaden color al panorama rumores de golpe militar, el despido intempestivo de la periodista Milagros Leiva del grupo El Comercio y la captura de Gerald Oropeza López en el Ecuador.
   En una muestra de prevalencia del buen argumento y la mejor dirección artística, Jorge del Castillo apelando a una, seguramente involuntaria, capacidad de humor negro, retoma liderazgo apelando a una creatividad ya conocida, al hacer un deslinde de su partido sobre Oropeza, en el RPP de siempre. Gerald Oropeza el aprista recientemente expulsado del partido. El hijo del aprista Américo Oropeza, asesinado en circunstancias oscuras. El Oropeza, acusado de lavado de activos procedentes del narcotráfico; el de las firmas de más de 50 contratos con el gobierno de Alan García, por más de 200 millones de soles. El Oropeza que recibió del gobernador aprista de la Molina ilegalmente, la mansión incautada a Ernesto Schutz por corrupción; el que tuvo como abogado, socio y testaferro a Miguel Facundo Chinguel. Todo un ilustre desconocido...
   ¿Está todo sobre la mesa? Definitivamente no. No en vano ocho de los nueve informes de la megacomisión parlamentaria, encargada de investigar la corrupción durante el segundo gobierno aprista, ya fueron aprobados por el pleno del Congreso, en cuatro de ellos (Business Track, narcoindultos, Collique y Agua para Todos) se recomienda denunciar a García. Pero están también las revelaciones de todos los días en los tribunales que vienen juzgando los negociados en torno a los narcoindultos y conmutaciones. ¿Que nos traerá el jueves siguiente...?

Escribe:
Nelson Manrique

Al observar un acto de prestidigitación hay que abstraerse de lo que el prestidigitador está mostrando y tratar de determinar qué está tratando de ocultar. Una sana precaución cuando hay un buen número de noticias, levantadas por cierta prensa, que acaparan titulares y concentran la atención pública apelando a reacciones primarias como el miedo, la ira y la curiosidad morbosa.

Hay dos temas estelares en cartelera cuyos protagonistas quisieran relegar a una discreta penumbra: las agendas atribuidas a Nadine Heredia y los narcoindultos firmados por Alan García. Dos temas de un peso incomparable: la presunción del recibo de 6 millones de dólares de Venezuela, hecho políticamente condenable pero hasta aquí no delincuencial, y el otorgamiento de indultos y conmutaciones a más de 1500 delincuentes de alta peligrosidad y alrededor de 3200 narcotraficantes, 400 de ellos de narcotráfico agravado.

Durante las últimas semanas la atención periodística se concentró en la campaña “Chapa tu choro”, creada por una publicista fujimorista que aspira a ser elegida parlamentaria y que se convirtió en viral en las redes sociales apelando al miedo ciudadano.

Siguieron luego las granadas dejadas en operativos delincuenciales de extorsión, especialmente contra colegios, que cobraron la vida del oficial de la UDEX Adolfo Leonidas Castellano Carrillo.

La cuestión adquirió otro cariz cuando empezaron a encontrarse granadas junto con trapos rojos con la hoz y el martillo en diversos puntos de la ciudad. Luego vino el descubrimiento por la policía nacional de una vivienda en Breña donde se incautaron 50 granadas tipo piña, cuya procedencia hasta ahora no ha sido explicada ni por la policía, ni por las fuerzas armadas, a pesar de que, teniendo números de serie impresos, parece más difícil no descubrir de dónde vienen que descubrirlo, lo que lleva a pensar en encubrimiento de corrupción institucional.

Lo del depósito de las granadas adquirió un nuevo cariz cuando se supo que el general de la policía Octavio Salazar, parlamentario fujimorista, se presentó de inmediato y sin justificación en el local intervenido en Breña. Esto llevó al congresista nacionalista Josué Gutiérrez a plantear la pregunta de si acaso el fujimorismo está involucrado en un psicosocial para infundir miedo en la población, como una forma de vender una plataforma electoral: “Nos preocupa el porqué de la presencia del general Octavio Salazar, representante del fujimorismo en el local que hoy se ha estado investigando. ¿Quién lo alertó si esto era un operativo policial?” (http://bit.ly/1OqFLFv). Luego se supo que el local utilizado para esconder las granadas fue utilizado antes como local de campaña del fujimorismo.

Añadieron color al panorama los rumores de golpe militar levantados por el director de Perú 21, el despido intempestivo de la periodista Milagros Leiva del grupo El Comercio y la captura de Gerald Oropeza López en el Ecuador.

Jorge del Castillo se apresuró a declarar en RPP que el Apra y sus líderes no tienen ninguna vinculación con Oropeza. Sus declaraciones terminan siendo una muestra, seguramente involuntaria, de humor negro: Gerald Oropeza es un aprista muy recientemente expulsado del partido. Es hijo del dirigente aprista Américo Oropeza, asesinado en circunstancias oscuras cuando postulaba a una alcaldía por el Apra, y de una candidata aprista al congreso. Las empresas de Oropeza, acusado de lavado de activos procedentes del narcotráfico, firmaron más de 50 contratos con el gobierno de Alan García, por más de 200 millones de soles. El gobernador aprista de la Molina le entregó ilegalmente a Oropeza la mansión incautada a Ernesto Schutz por corrupción, y él la inmortalizó en vídeos que registran sus épicas juergas. Oropeza tuvo como abogado, socio y testaferro a Miguel Facundo Chinguel, el aprista nombrado por Alan García presidente de la comisión que otorgó los narcoindultos y las conmutaciones a narcotraficantes. Junto con Rodolfo Orellana juega un papel clave en la articulación de diversos casos mafiosos. Definitivamente, todo un ilustre desconocido.

¿Está todo sobre la mesa? Definitivamente no. Por obvias razones el Apra quiere desviar la atención de que ocho de los nueve informes de la megacomisión parlamentaria encargada de investigar la corrupción durante el segundo gobierno aprista ya han sido aprobados por el pleno del Congreso con 65 votos a favor, 5 en contra (4 de ellos de apristas) y 7 abstenciones. En cuatro casos (Business Track, narcoindultos, Collique y Agua para Todos) se recomienda denunciar a García. Están además las revelaciones de todos los días en los tribunales que vienen juzgando los negociados en torno a los narcoindultos y conmutaciones. Que sigan los fuegos artificiales…

Nelson Manrique

es un historiador, sociólogo y periodista peruano, 

reconocido por sus ensayos y trabajos sobre la realidad 

social-política del Perú colonial y republicano.

"Mira el pajarito…" fue publicado en 

La República, en septiembre 15 de 2015

Financiamiento y reformas serias, ¿es mucho pedir?

Dejar sin efecto la tercera disposición transitoria de la Ley de Partidos Políticos que deja al libre albedrío del MEF la decisión de entregar el dinero a los partidos. Duplicar el tiempo de la franja electoral, para uso exclusivo de los partidos nacionales, pero prohibiendo la contratación de espacios fuera de este mecanismo. Mantener el tope de aportaciones de personas naturales de 60 UIT, pero elevar el tope de personas jurídicas, a por lo menos 200 UIT. Prohibir aportaciones de personas naturales o jurídicas extranjeras. Incrementar los tipos de sanciones y elevar las multas. Crear sanciones políticas, como el retiro de la inscripción del partido. Todo esto, acompañado con la eliminación del voto preferencial, así como el desarrollo simultáneo de internas de los partidos políticos.

Escribe:
Fernando Tuesta Soldevilla

La agenda de Nadine, la compra de candidaturas, el dinero de fuera, el dinero de las mineras, el narcotráfico, todos temas que llevan al mismo lugar. El bolsillo y la chequera de la política. Todos exigen regular, aun cuando la mayoría hizo poco por avanzar en un tema que requiere amplitud de debate y, no menos importante, la integridad de las propuestas.

Pero, previo hay que contestar ¿qué tipo de campaña queremos?, ¿qué encarece una campaña electoral?, ¿queremos conocer solo el origen o también el destino del dinero? Partamos de lo básico. Los partidos políticos apenas tienen recursos económicos. Basta ver, en épocas no electorales, los pocos locales que existen y en las condiciones que estos desarrollan sus actividades. Saben indudablemente que la política cuesta y las campañas mucho más. Para la campaña electoral del 2011, por ejemplo, todos los partidos gastaron más de 23 millones de dólares, aunque ciertamente lejos de los cerca mil millones de dólares que costó la campaña en Estados Unidos, en el 2012.

En nuestro país, más del 70% se gasta en televisión. Particularmente en producción y emisión de los llamados spots televisivos. Porcentajes altos, como en todo país donde los topes en la inversión televisiva es bajo.

Si no hay financiamiento público, pese a que la ley lo señala, pero el MEF no cumple con asignar recursos y no pasa nada, la única manera que los candidatos se provean de recursos es a través de aportaciones privadas en dinero y especie. Si a ello se le agrega que con el voto preferencial, los candidatos manejan sin control de sus partidos, su propia caja, se abre un amplio espacio para la influyente participación de quienes tienen el dinero, que pueden tener origen lícito o ilícito.

En el corto plazo, para el caso del financiamiento, lo único que se puede hacer es apuntar a aprobar un núcleo básico de reformas que estén relacionadas entre sí, teniendo en cuenta lo que hemos señalado anteriormente.

Esto debería pasar por las siguientes medidas: a) dejar sin efecto la tercera disposición transitoria de la Ley de Partidos Políticos que deja al libre albedrío del MEF la decisión de entregar el dinero a los partidos; b) incrementar a 0.2% el financiamiento público en año electoral; c) duplicar el tiempo de la franja electoral, para uso exclusivo de los partidos nacionales, pero prohibiendo la contratación de espacios fuera de este mecanismo, como ocurre en Chile, México y Brasil; d) mantener el tope de aportaciones de personas naturales de 60 UIT, pero elevar el tope para aportaciones de personas jurídicas, a por lo menos 200 UIT; e) prohibir el financiamiento de gobiernos extranjeros y partidos extranjeros, a no ser fundaciones pertenecientes a partidos y para uso exclusivo de formación, investigación, capacitación; f) prohibir aportaciones de personas naturales o jurídicas extranjeras; g) las aportaciones mayores a 1 UIT deberán realizarse a través del sistema financiero; h) incrementar los tipos de sanciones, así como elevar las multas; i) crear sanciones políticas, como el retiro de la inscripción del partido en caso de faltas graves y reiterativas.

Lo anterior debe estar acompañado con la eliminación del voto preferencial, que a su vez requiere que las internas de los partidos políticos se desarrollen de manera simultanea y sean, en todas sus faces, desarrolladas por los organismos electorales, que ofrecen garantía de legitimidad. Esto se convierte, además, en una de las modalidades de financiamiento público indirecto. Este es un núcleo de reformas acotadas, pero urgentes, para lo que se requiere mucha voluntad política. Caso contrario, a lo Hurtado Miller, “que dios nos ayude”.

Fernando Tuesta Soldevilla

"Con dinero y sin dinero" publicado por:

La República, Agosto 23 de de 2015 

La "Prisión domiciliaria" de Máxima Chaupe y la mira vizca de la yana-jueza de Celendín

Desde que Yanacocha perdiera un juicio por usurpación agravada entablada a cuatro miembros de la familia, ya todo ha sido claro y luminoso para la empresa. La "justicia" le ha aceptado un recurso de casación y 8 denuncias penales adicionales contra Máxima, además de una demanda civil con la que se le impide utilizar los caminos que la familia usaba para movilizarse, igualmente el alambrado del terreno que le impide el libre tránsito. Gracias a la "buena disponibilidad" de la jueza de Celendín, mediante una medida cautelar, Máxima no puede realizar ninguna actividad en su terreno, ni siquiera sembrar papas. Tal como sucedió hace un mes, cuando la empresa entró a su terreno para destruirle su corral de cuyes, llevándose "en custodia" sus trece cuyes [¿Puede hacer esto un privado, señor Estado inclusivo?]. Hace una semana la empresa volvió a la carga y le destruyó los sembríos de papa. "...las autoridades se burlan y encima me denuncian", dice entre sollozos la estoica mujer. "Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen todo..."

Máxima en noviembre de 2011 cuando, con ayuda de la policía, Yanacocha intentó desalojarla

Escribe: 
Rocío Silva Santisteban

El 1º de agosto recibí una llamada desde Cajamarca advirtiéndome que Máxima Acuña de Chaupe ha recibido serias amenazas de muerte. Muchas veces aquellos que quieren congraciarse con la empresa puedan pretender “hacer trabajos sucios”, pero en este caso, una persona de la comunidad de Lámaro, cuyo nombre me reservo, se acercó a la casa de Máxima y le dijo directamente lo siguiente: “No salgas de tu casa, que si sales y regresas, será que yo no valgo nada. Porque eres una pendeja que no quiere salir de ese terreno para que la mina no siga con sus trabajos”.

El día 16 de julio, asimismo, durante la noche un grupo de 6 personas encapuchadas, armadas y a caballo se acercaron a la casa de Máxima, pero ella no se encontraba. Salió su nuera a hacerles frente y ellos solo se la quedaron mirando un largo rato de manera amenazante. Una semana después en la propia zona de Tragadero Grande “desaparece” su celular y en la misma semana fue robada la moto china que la CNDDHH le había comprado para que pueda desplazarse. ¿Todo es casualidad?

Desde esta modesta columna exijo que la empresa Minera Yanacocha rechace cualquier amenaza de esta índole o cualquier apoyo a quien amenace a doña Máxima. Los comuneros de Lámaro, Chugurmayo u otros caseríos que están a favor de la empresa deben saber que cualquier tipo de amenaza no será recompensada, sino por el contrario, debería ser repudiada. La empresa y sus funcionarios deben dejar de hostigar a la familia Chaupe con una supuesta “defensa posesoria” que les impide cualquier acción dentro de su terreno. Y si algo le sucede a Máxima Acuña de Chaupe, la responsabilidad política será del Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y del Procurador Supranacional Luis Alberto Huerta por no haber implementado las medidas cautelares que la CIDH le ha otorgado en mayo del 2014.

Como es sabido, la empresa perdió un juicio de usurpación agravada que les entabló a cuatro miembros de la familia pero ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema que ha sido considerado válido. Yanacocha además ha insistido en plantear otras denuncias penales de diverso tipo (ocho denuncias más) pero además ha interpuesto una demanda civil por reivindicación y les ha cerrado los “caminos reales” o caminos ancentrales que Máxima y su familia usaban para movilizarse a la zona de Sorochuco. En este momento el terreno que la familia posee está totalmente alambrado. Obviamente es derecho de la empresa alambrar sus tierras, pero no impedirle el libre tránsito.

Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe, ha interpuesto un hábeas corpus que ha sido rechazado por la jueza de Celendín. Ante esta situación, la defensa ha apelado; pero la empresa ha solicitado una medida cautelar para impedir que Máxima haga cualquier actividad en su terreno y la jueza de Celendín se la ha otorgado. Máxima no solo está impedida de construir siquiera un corral para sus cuyes, sino incluso está impedida de sembrar papas. Hace una semana la empresa entró al terreno de Máxima para destruir los sembríos de papa, hace un mes destruyeron el corral de cuyes y se llevaron los 13 cuyes que ella tenía. La empresa dijo que los tenían “en custodia”, luego le devolvieron ¡nueve animales!

Se trata de una orquestación cuasi sinfónica judicial para que no haya siquiera un resquicio a través del cual Máxima Chaupe y su familia puedan permanecer en su terreno. “Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos. Esta lucha es la de David contra Goliat pero, además, con un Estado que canta a coro los himnos de muerte con su pasmosa indiferencia.

"Máxima amenazada de muerte", Publicado por La República,

 martes, 4 de agosto de 2015

Rocío Silva Santisteban es escritora, 

profesora y activista en derechos humanos

"El gobierno fujimorista lleva la número diez entre los más corruptos del mundo occidental en el siglo XX"

Steven Levitsky: "No digo que Nadine esté limpia, no lo sé, pero gasta 38 mil dólares en ropa y joyas y chocolates y se grita aquí como si se tratara del peor escándalo de la historia, ...entonces, si Toledo es corrupto, García es corrupto, Keiko es corrupta, Ollanta y Nadine Heredia lo son, ...el fujimorismo se convierte simplemente en un grupo corrupto más, y la posible elección de Keiko no es, entonces, una cosa tan terrible. Según Transparencia Internacional, el gobierno fujimorista está entre los diez más corruptos del mundo occidental en el siglo XX. ¡No hay comparación posible! Hay grandes diferencias entre un gobierno típico latinoamericano y uno autoritario y criminal, como lo fue el fujimorista".

Steven Levitsky, el politólogo estadounidense y profesor de Harvard, llegó al Perú y conversó con La República. En la siguiente entrevista, advierte cómo la sensación de corrupción generalizada ha derivado en que mucha gente considere que votar por Keiko Fujimori no es "gran cosa", a pesar de lo que significó el gobierno de su padre en términos de corrupción.

Escribe:
Enrique Patriau

Usted acuñó una frase en el 2011 que se hizo famosa: 'de Humala tenemos dudas, de Keiko pruebas'. Si uno repasa a los que se perfilan para pelear la presidencia en el 2016, da la impresión de que de todos tenemos pruebas esta vez. ¿Comparte ese pesimismo?

Sí y no. Existe una sensación generalizada de la corrupción, de que todos son corruptos Que Toledo es corrupto, que García es corrupto, que Keiko es corrupta, que Ollanta y Nadine Heredia son corruptos...

¿Y no hay algo de cierto?

Hay algo de cierto, pero hay dos problemas. Primero, cuando las personas tienen la idea de que todos son corruptos, o abandonan la política o empiezan a pensar en alternativas populistas o autoritarias, porque queda la idea de que la democracia no sirve. Pero en segundo lugar, y esto es más inmediato y más importante, el fujimorismo se convierte simplemente en un grupo corrupto más, y la posible elección de Keiko no es, entonces, una cosa tan terrible.

Por supuesto, cuando todos son culpables, nadie lo es.

Entonces, las encuestas nos dicen que la gente cree que Humala y Nadine son tan corruptos como los fujimoristas.

O peor.

O incluso peor. Lo cual no es cierto. No digo que Nadine esté limpia, no lo sé, pero gasta 38 mil dólares en ropa y joyas y chocolates y se grita aquí como si se tratara del peor escándalo de la historia. Según Transparencia Internacional, el gobierno fujimorista está entre los diez más corruptos del mundo occidental en el siglo XX. Quiero decir, ¡no hay comparación posible! Hay grandes diferencias entre un gobierno típico latinoamericano y uno autoritario y criminal, como lo fue el fujimorista. Eso se está olvidando, que el fujimorismo cruzó la línea de la corrupción típica y del abuso del poder, en niveles que no se han visto ni con Toledo, García o Humala.

Sin embargo, pese a eso Keiko probablemente sea la próxima presidenta...

Es temprano todavía.

Lo sé, pero su participación en segunda vuelta es muy probable. A lo que iba, hay como un doble discurso, ¿no? De un lado, a Heredia le dicen de todo por los vestidos y los chocolates, pero al mismo tiempo el fujimorismo es favorito.

Lo primero que hay que decir es que el 35% que le dan a Keiko las encuestas no representa a todos los peruanos. Estamos hablando de un tercio del electorado, no de la mayoría. Por otro lado, los peruanos no son estúpidos y no creo que tengan un doble discurso. Yo creo más bien que la lógica es la que mencioné antes: como todos son igual de malos, no hace mayor diferencia elegir a Keiko. Puede ser cinismo, pero es racional. Aparte, en el Perú lo que pesa en las elecciones son los candidatos, no tanto los partidos. Otro candidato fujimorista estaría entre el seis, siete u ocho por ciento.

Como tuvo Martha Chávez en el 2006.

Exacto, aunque el fujimorismo de ahora es más fuerte. Igual, es casi seguro que cualquier congresista de ahora ni siquiera aparecería en las encuestas. Es Keiko el tema. Y varios, como Fernando Rospigliosi o Luis Iberico, dicen: no es su papá, no tenemos muchas pruebas sobre ella y podría ser honesta. Y podría serlo, ¿me dejo entender? Lo que molesta es lo que está detrás, el movimiento, un grupo de gente que, o participó directamente en la corrupción y autoritarismo de los noventas...

O reivindica ese gobierno.

Exacto. Pero al final la gente piensa en Keiko como individuo. No piensa en el partido.

Hablemos ahora del gobierno. Usted respaldó la candidatura de Humala...

En la segunda vuelta, y fui más anti-Keiko que pro-Humala.

De acuerdo, como muchos. Habiéndolo hecho, en todo caso, quería conocer su opinión sobre el desempeño de este gobierno.

Ha sido más o menos lo que esperaba, un gobierno mediocre, sin capacidad política y, al fin de cuentas, débil e impopular. Es un gobierno que no ha sido de centro izquierda sino que se ha corrido al centro, que no ha aprendido a hacer política ni a construir alianzas y coaliciones. Este régimen se ha aislado de una manera dramática. Sí es cierto que se ha hecho un esfuerzo importante en programas sociales, por ejemplo. Algunos dicen que es un régimen de derecha, pero eso me parece una exageración.

¿Qué tendría que haberse hecho para no caer en la mediocridad?

Gobernar al Perú ya es difícil. Imagínese hacerlo sin partido, sin equipo. ¿Qué se tenía que hacer? Construir alianzas políticas y no aislarse para avanzar en una agenda de programas. Mire lo que pasó en el Congreso. El Parlamento peruano es muy débil, un desastre, un grupo de individuos muy fáciles de convencer y, pese a eso, no se invirtieron ni cinco segundos en el trabajo político necesario para mantener cierto control sobre él.

Humala es un presidente que llegó como inexperto en política y que, esa impresión da, cuatro años después en el cargo lo sigue siendo.

Sí, lo cual sorprende. No ha habido un proceso de aprendizaje. Cuando Salomón Lerner dejó el premierato, Humala dejó de tener asesoría política, hasta ahora. Y en democracia, si se quiere gobernar bien, se debe pensar en términos políticos.

Se entiende que Nadine es la principal asesora de Humala.

Que es inteligente pero, bueno, tampoco es muy capaz políticamente. Sí tiene más olfato que su esposo, pero que yo sea mejor jugando al fútbol que mi hija no me hace digno de integrar la selección nacional.

¿Cree que el liderazgo político de Humala, pensando en el futuro, ha quedado muy disminuido?

Sin duda, y posiblemente se acabe. Si alguna ventaja tiene Humala es que es muy difícil convertirse en un político nacional presidenciable. El Congreso es la muerte, el cementerio. Hasta ahora, nadie ha saltado de una región o de la Municipalidad de Lima a la presidencia. Por eso, como no hay caminos, ¿quiénes son presidenciables? Ex presidentes, ex primeros ministros...

Es el reino de los 'ex'.

Y de los parientes. También es presidenciable la esposa, la hija, ¿me entiende? Por eso, yo estoy convencido de que sería sano que en el Perú exista una ley que diga que una vez que alguien llega a ser presidente ahí se acaba todo. Yo estaría de acuerdo con algo al estilo de Estados Unidos: dos periodos y listo, ¡chau!

¿Lo dice por Alan García? De los aspirantes, es el único que ha repetido la presidencia.

Alan, Toledo y seguro Ollanta, que será igual. No me parece sano que el escenario político esté dominado por ex presidentes. Por eso, aunque Humala sea muy poco querido, podría estar ahí, con algún respaldo, aunque sin mucho éxito. Aparte de su poco talento político, no lo quiere nadie, se ha quemado en todos lados. La izquierda no lo quiere, tampoco la derecha, el centro menos.

Humala podría pensar que si García pudo en el 2006, después de lo que fue su primer gobierno, él también.

Ese es el problema. El modelo García del 2006 ha contagiado a todos.

Una pregunta sobre Kuczynski. Aparece segundo en las encuestas pero dicen que le será muy complicado romper su techo limeño, urbano. ¿Cree eso? 

Yo veo que está bien posicionado para ser el mal menor. Si podría convencer a la gente del interior que históricamente ha votado anti-Lima o anti-elite, eso no lo sé.

Steven Levitsky: “El fujimorismo cruzó la línea de la corrupción típica y del abuso del poder” 

publicado por: La República, julio 25 de 2015

Telefónica y el historial de siempre del inversionista de largo plazo: Deudas y Multas no asumidas - Judicialización - Vencimiento de plazos - Perro muerto

Pese a escandalosa negligencia del Tribunal fiscal y de Sunat, con la polémica superintendente de entonces, Nahil Hirsh, que increíblemente descuidó el caso, el argumento de la exoneración de pago por exceso de plazo en la resolución del conflicto, parece no acompañar a la millonaria firma de abogados de la poderosa empresa de telefonía. La norma a que hace referencias, el Decreto Legislativo 981, aplicada a la Sunat, así como la Ley 30230, que en el mismo sentido se aplica al Tribunal Fiscal, que hablan de suspensión de pagos por vencimiento de plazos: les caería como anillo al dedo, si no fuera porque estas disposiciones se aplican a partir de la fecha de su publicación. En el primer caso fue en marzo del 2007. A partir de esa fecha, Sunat cumplió con los plazos establecidos. En el caso del Tribunal Fiscal, la ley recién fue publicada en julio del 2014

¡Cábala? ¿Coincidencia? Al igual que ea finales de 2012, cuando el presidente de Teléfónica se sentara a la siniestra del presidente Humala en una cena en su honor en España, y poco tiempo después, en enero del 2013 se le renovara la concesión de telefonía móvil por 18 años pese a la cuantiosa deuda con el Estado: ¿La presencia en palacio del señor César Alierta será el preludio de una continuación de la buena racha de la empresa?

Por Gerardo Cárdenas

“Somos inversionistas de largo plazo”, afirmó el presidente de la empresa española Telefónica, César Alierta, durante su reunión con Pedro Cateriano en Palacio de Gobierno el viernes 5 del mes pasado.

Lo que no mencionó, según parece, es una preocupación de corto plazo sobre una deuda de largo aliento.

Se trata del litigio tributario entre Telefónica del Perú y la Sunat. Un enfrentamiento millonario que se encuentra en una situación clave: a la espera de la sentencia sobre una demanda de amparo, en la cual la empresa pide no se le cobren intereses por la deuda que mantiene con el Estado desde el año 2000.

¿De cuánto dinero se trata? El monto actual de la deuda (la inicial más los intereses) es de aproximadamente 3 mil millones de soles.

En la demanda, que se encuentra en la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, Telefónica argumenta que tanto la Sunat como el Tribunal Fiscal se excedieron en los plazos para resolver sus reclamos y apelaciones y que, por lo tanto, no pueden cobrar los intereses de la deuda.

La historia empezó con la declaración de Impuesto a la Renta de Telefónica de los años 2000 y 2001. Ahí declaró una pérdida tributaria de 439 millones de soles el año 2000 y de 350 millones el 2001. No le correspondía, por ende, pagar impuesto a la renta en ninguno de esos dos años.

Pero, en 2004 y 2005, la Sunat fiscalizó esa declaración y encontró que, a diferencia de lo que había declarado, Telefónica sí debía impuestos: 291 millones de soles el 2000 y 157 millones el 2001. Es decir, 448 millones de soles en total. Pero no solo eso.

Por la omisión, Sunat aplicó una multa a Telefónica: de 180 millones de soles por el 2000 y de 93 millones por el 2001. Para el 2005, los intereses habían elevado la primera multa a 426 millones y la segunda a 176 millones de soles.

Telefónica no aceptó las observaciones ni las multas. Reclamó ante el Tribunal Fiscal y después hizo lo que muchas de las compañías más poderosas: llevar el caso al Poder Judicial. Así se dio inicio a una larga y engorrosa batalla legal que dura hasta hoy.

Exceso y negligencia

Telefónica argumenta que Sunat no debe cobrar intereses moratorios si excede el plazo establecido por el Código Tributario para responder sus reclamos. En este caso, Sunat se excedió dos años y dos meses en resolver el reclamo presentado por Telefónica en enero del 2005. ¿La razón? Según Sunat, la poca cantidad de personal, sumada a la complejidad del caso, llevó a ese increible descuido. Es, claro está, una explicación muy poco convincente.

En esos años, Nahil Hirsh era la jefa de Sunat. Hirsh dejó el cargo en enero del 2007, pocos meses después de firmar una cuestionada resolución en la que se benefició con una indemnización por “despido arbitrario” tanto a sus funcionarios de confianza como al exministro aprista Fernando Barrios. Años después, en el 2010, Hirsh volvió a la jefatura de la Sunat y fue nuevamente cuestionada, esta vez por adjudicarse una camioneta Porsche Cayenne Turbo para su uso personal, pagado por los impuestos recaudados por Sunat.

El enfrentamiento con Telefónica continuó.

El 2007, Telefónica apeló la resolución, y el caso fue llevado al Tribunal Fiscal, máxima instancia administrativa en materia tributaria. Allí, las cosas también tardaron: el Tribunal Fiscal se excedió en dos años y un mes en el plazo que tenía para resolver.

¿Esta escandalosa negligencia, tanto de Sunat como del Tribunal Fiscal, debe llevar a la exoneración de la deuda?

La norma a que hace referencia Telefónica es el Decreto Legislativo 981, que indica que los intereses moratorios se suspenden una vez vencido el plazo de Sunat para resolver las reclamaciones. Del mismo modo, la Ley 30230 determina que tampoco se aplican intereses una vez pasado el plazo que tiene el Tribunal Fiscal para resolver las apelaciones.

Sin embargo, estas disposiciones se aplican a partir de la fecha de su publicación. En el caso del Decreto Legislativo, en marzo del 2007. A partir de esa fecha, Sunat cumplió con los plazos establecidos. En el caso del Tribunal Fiscal, la ley fue publicada en julio del 2014, por lo tanto tampoco se ve afectado.

El Estado, además, sostiene que no se puede recurrir al amparo si no se agota la vía administrativa: Telefónica presentó el amparo en julio del 2013, cuando aún faltaba un pronunciamiento del Tribunal Fiscal sobre el monto final de la deuda. Esta resolución se emitió recién en marzo de este año.

Vale recordar que en enero del 2013 el Gobierno de Humala, tras idas y venidas, renovó el contrato con telefónica por la concesión de telefonía móvil por 18 años, a pesar de la cuantiosa deuda tributara. Casi seis meses después de la renovación, Telefónica presentó la demanda de amparo para no pagar los intereses de su deuda.

Por otro lado, existen sentencias del Tribunal Constitucional que van en contra de la pretensión de Telefónica. Una de ellas es la N° 3373-2012-PA/TC, que indica “si el actor declara una deuda menor a la que corresponde, tiene que necesariamente hacerse responsable de asumir tanto la deuda no cancelada oportunamente como de los intereses y multas que correspondan”. Otra sentencia, la N°295-2012-PHC/TC, señala que el exceso el plazo razonable no implica la conclusión del proceso: lo que corresponde es que el órgano emita el pronunciamiento en el plazo más breve posible.

El procurador de Sunat, José Escalante, indicó a IDL-Reporteros que, a pesar del reclamo de Telefónica, la empresa no tuvo la intención de acelerar el proceso, ni presentó recursos para apurar el trámite. “El tiempo se pudo haber acortado. (…) Telefónica nunca se ha quejado. Nunca ha dicho: “oye, no estoy de acuerdo que te demores tanto”. Cuando ya ha visto que han pasado más de casi 10 años, ha dicho “no me cobres intereses”. No es consistente la actitud”, indica...

Se espera que la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima emita sentencia en los próximos días. La Sala está conformada por los vocales Rafel Jaeger Requejo, Dora Ampudia Herrera y José Díaz Vallejos.

"Historial de deudas". Publicado por Ideele-Reporteros, viernes 03 de julio, 2015

La mano que mece la cuna, o la impensable tolerancia a la corrupción de los nuevos tiempos

En un contexto de debilidad de partidos políticos y de otras vías de representación, los medios de comunicación pasan a ocupar un espacio de creciente protagonismo en la determinación de las agendas políticas y sociales. Una contundente denuncia periodística suele tener un impacto mil veces mayor que horas de debates parlamentarios o la laboriosa función de un fiscal o un juez. Hasta aquí lo obvio y saludable. Sin embargo, sería ingenuo no tener en cuenta que muchas veces la forma en que se escoge la noticia, se le saca “filo” o se orienta en una dirección determinada, no responde necesariamente a una neutral vocación por la “verdad”. En esas campañas suele haber una agenda política detrás, la que, por lo general, no es transparente ni explícita cuando se guarda silencio sepulcral frente a otros corruptos

Escribe:
Diego García Sayán

Fue casi siempre la economía lo que explicaba las olas de impopularidad de los gobiernos. En estos tiempos, el principal factor que lanza a la gente a las calles en América Latina es la corrupción. Es la “mano que mece la cuna” del curso de gobiernos cuyo respaldo popular colapsa a veces a los pocos meses de haber sido elegidos. Grande o pequeña, real o presunta, es alrededor de la corrupción que varias cabezas de gobierno hoy se asientan con fragilidad.

Coinciden los contextos de precariedad e inestabilidad gubernamental en al menos cinco países en los que los presidentes –o presidentas– están acosados por denuncias de corrupción y obligados(as) a poner este tema en el centro de su agenda. Esta constatación tiene dos particularidades que es importante analizar. La primera es la democratización de la sociedad con la creciente autopercepción de derechos que eso ha traído consigo; la segunda, la ruta que contribuye a que las denuncias de corrupción adquieran protagonismo central en las agendas políticas.

En la “democratización” de las sociedades una de sus manifestaciones más trascendentes y relevantes es cómo ha venido interactuando con la gente. Y cómo, en particular, ha impactado en la extendida y saludable percepción de “yo tengo derecho como ciudadano(a)”. Es algo sin precedentes en la historia latinoamericana. Así, por ejemplo, el clamor social de que los procesos de inversión en recursos naturales vengan precedidos –y acompañados– de consultas a la población se ha vuelto algo generalizado en toda la región. Sería de una atrabiliaria estupidez atribuir eso a los “antimineros”.

Esa percepción reforzada de derechos propios tiene una manifestación muy clara en la poca tolerancia frente a informaciones sobre apropiación de recursos públicos, coimas o uso del poder público en beneficio personal. Nunca ha existido en nuestra historia tan poca paciencia frente a actos equívocos atribuidos a funcionarios públicos. Casi no importa, en ese contexto, si los hechos atribuidos sean de miles o de millones de dólares; en uno y otro caso se gatilla la protesta y el malestar social de inmediato.

¿Siempre fue así en la historia latinoamericana? No parece ser así; habida cuenta, además, que corrupción siempre ha existido, pero con grados de “tolerancia” o, si cabe, de resignación, hoy impensables. Entre otras razones porque la sociedad está mucho mejor informada que en el pasado. Esto tiene que ver con la segunda particularidad del actual momento de focalización creciente de la atención de la gente en la corrupción.

En un contexto de debilidad de partidos políticos y de otras vías de representación, los medios de comunicación pasan a ocupar un espacio de creciente protagonismo en la determinación de las agendas políticas y sociales. Una contundente denuncia periodística suele tener un impacto mil veces mayor que horas de debates parlamentarios o la laboriosa función de un fiscal o un juez. Hasta aquí lo obvio.

Sin embargo, hay que reconocer que esta dinámica tiene ambivalencias. Suele ser que a través de titulares periodísticos o de reportajes televisivos es que se conocen situaciones de corrupción –real o presunta–, que ponen en marcha a fiscales, jueces o parlamentarios. Paralelamente, sin embargo, sería ingenuo no tener en cuenta que muchas veces la forma en que se escoge la noticia, se le saca “filo” o se orienta en una dirección determinada, no responde necesariamente a una neutral vocación por la “verdad”. En esas campañas suele haber una agenda política detrás, la que, por lo general, no es transparente ni explícita.

Acabamos, así, en una situación con ambivalencias. De un lado, “salud” social en la impaciencia de la gente frente a cualquier atisbo de corrupción. Simultáneamente, agendas de quienes levantan la información y llevan a cabo campañas a veces selectivas y que apuntan en dirección de unos “corruptos” –reales o presuntos– y guardan silencio sepulcral frente a otros. El balance, sin embargo, es positivo. Sociedad que se democratiza y con más información tiene un inmenso valor. Eso no la libra de estar alerta a la manipulación mediática y a las agendas ocultas que pudieran existir.

"La mano que mece la cuna" Publicado por La República, junio 26 de 2015

Para "Peruchos" y para "Gringos". La doble contabilidad de Yanacocha ¿Y los órganos de control?

El informe del ejercicio económico de Minera Yanacocha SRL, del año 2014 indica que hubo una pérdida de 400,273,000 dólares. Esta pérdida que está registrada en SUNAT, para efectos de pago de impuestos, es ligeramente inferior a la de 2013, que fue de 575,279,000 dólares. Esto quiere decir que en dos años sucesivos la minera dio negativo para pago de impuestos y del canon que debe llegar a la región. Y que por efecto de los adelantos a cuenta realizados, tiene un crédito ganado con la entidad tributaria a su favor, por varios años. Pero, ¡oh, sorpresa!, de pronto hemos conocido la Memoria presentada por Newmont Mining, la socia mayoritaria, con sede en Denver, Colorado, que nos trae como novedad que en el ejercicio 2014, su sucursal Yanacocha, habría perdido solamente: 31,158,715 dólares. Peor aún, en el año 2013, Newmont asegura que han tenido utilidades, del orden de los 132,424,537 dólares, lo que querría decir una diferencia de 707,703,537 dólares, entre la versión peruana y la gringa.

Por: Raúl Wiener

El informe del ejercicio económico de Minera Yanacocha SRL, del año 2014, que figura en el documento de resultados de la compañía Buenaventura, socia peruana del consorcio que explota el oro de Cajamarca, indica que el año pasado hubo una pérdida de 400,273,000 dólares. Esta pérdida que está registrada en SUNAT, para efectos de pago de impuestos, es ligeramente inferior a la de 2013, que fue de 575,279,000 dólares. Esto quiere decir que en dos años sucesivos la minera dio negativo para pago de impuestos y del canon que debe llegar a la región. Y que por efecto de los adelantos a cuenta realizados, tiene un crédito ganado con la entidad tributaria a su favor, por varios años.

Pero, ¡oh, sorpresa!, de pronto hemos conocido la Memoria presentada por Newmont Mining, la socia mayoritaria, con sede en Denver, Colorado, Estados Unidos, que nos trae como novedad que en el ejercicio 2014, su sucursal Yanacocha, habría perdido solamente: 31,158,715 dólares, es decir 369,114,285 dólares, menos que lo que se dice en Lima. Peor aún, en el año 2013, Buenaventura asegura que Yanacocha perdió 575 millones, y Newmont presenta en Estados Unidos un informe en el que asegura que han tenido utilidades, del orden de los 132,424,537 dólares, lo que querría decir una diferencia de 707,703,537 dólares, entre la versión peruana y la gringa.

¿Qué quiere decir esto? De primera impresión, que estamos ante varias contabilidades, según a quién hay que informar, con alguna intención que usualmente, en estos casos, no suele ser muy santa. Podría pensarse que mientras acá en el Perú el informe dice que hay pérdidas y no se paga impuestos, en Estados Unidos hay ganancias y se reparten entre accionistas. Lo cierto es que hay una danza de cifras que quitan seriedad a empresas tan poderosas.

La Memoria de Newmont trae también otro dato: la inversión en el proyecto Conga a diciembre de 2014, asciende, según el registro a 1,609 millones de dólares, que es una cifra comparable con las estadísticas en el Perú que indican que se produjo un deterioro de activos en el 2013, que alcanza la tremenda cifra de 1,038,548,000 dólares, y en el 2014 ascendió a 541,142,000 dólares, que suma 1,579,690,000 dólares, una cantidad extrañamente cercana a los dos “deterioros” en años sucesivos. Ya hemos dicho que todo este enredo contable que se hace en relación a los ingresos y egresos de Yanacocha, huele pésimamente, y muestra que el papel de nuestros órganos de control son sumamente deficientes. Pero, nadie coge el guante. Como si la minera del oro fuera intocable y estuviera como Alan García, por encima de toda investigación.

"Yanacocha ¿dos contabilidades?" Publicado por Diario UNO el abril 10, 2015

Raúl Wiener es Periodista, Analista Político y Económico peruano. 

Actualmente es Jefe de la Unidad de Investigación de Diario Uno